Por: Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES
(Agraria.pe) Mientras la sierra sur del país sufre aún los efectos de una prolongada sequía y se anuncia los efectos dañosos de El Niño Global en los próximos meses, con su secuela de inundaciones y sequía en distintas partes del país, las normas legales parecen atender a otro país.
En junio, el Congreso aprobó la ley 31801, con el fin de regular las organizaciones de usuarios de agua “para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos”, sumándose a la larga lista de normas que tratan de estas organizaciones en las últimas décadas. Pero, la nueva ley reinstala el serio error de considerar que las organizaciones de usuarios son solo de usuarios agrarios, es decir de regantes. Modificando la Ley de Recursos Hídricos, la finalidad de estas organizaciones es ahora la de participar en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos “así como el sostenimiento de las actividades agrarias en el ámbito de acción”. De esta forma, la pretensión de la ley 31801 de fortalecer la participación de las organizaciones de usuarios de agua en la gestión multisectorial de los recursos hídricos queda solo en palabras y se la debilita, al excluirse a otros usuarios de agua.
Por otro lado, durante su mensaje de 28 de julio, la presidenta Boluarte anunció la presentación de distintos proyectos de ley. Uno de ellos es el proyecto número 5636/2023-PE, que plantea “establecer las medidas destinadas a asegurar el acceso universal al agua potable, prioritariamente, para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad”. El proyecto apuntaría a dotar del servicio de agua potable a 3,3 millones de peruanos que no gozan de este al servicio (según informa SUNASS). El proyecto considera una inversión de mil millones de soles en 10 años, mediante la instalación de piletas públicas de agua, la distribución de agua a través de camiones cisterna y la entrega de filtros caseros para agua potable. Se ha considerado esta propuesta como un paliativo, pues privilegia soluciones de corto plazo sin enfrentar los de fondo, además de descuidar el control de la calidad de agua a entregar y se cuestiona la capacidad de gasto mostrada para ejecutar el importante monto de inversiones que supone el proyecto.
En este mes la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha propuesto que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) se fusionen en Senace (el Servicio Nacional de Certificación, Ambiental para las Inversiones Sostenibles) y que pasen a depender de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La propuesta busca que el país tenga “una sola gran agencia que se encargue de las certificaciones ambientales”, con la idea de “ganar eficiencias”. Entre otras voces, el ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha expresado varias objeciones, la más seria de las cuales es el riesgo de incrementar nuevamente la conflictividad (recordando que Senace se creó luego de la crisis de Bagua) y señalando que esta propuesta de fusión “muestra una absoluta ignorancia y desconocimiento de sus roles funciones y objetivos”. Recordemos que la Ley de Recursos Hídricos dispuso que la ANA “puede adscribirse al Ministerio del Ambiente una vez culminado el proceso de implementación y operatividad de dicho Ministerio”. Aunque para muchos la ANA debería pasar al Minam, para otros sería mejor volverla una autoridad de mayor nivel, dotándola de autonomía respecto del Ejecutivo.
Mientras estos temas distraen a nuestras autoridades, la crisis climática sigue inexorablemente afectándonos. Montevideo se vio afectada por la falta de agua; en Cusco preocupa la disminución del aforo de la laguna Piuray, su principal fuente de agua potable; en Huánuco inquieta la falta de agua; y el lago Titicaca muestra su nivel más bajo desde 1982. En Lima, Sedapal y SUNASS anuncian que no hay problema de abastecimiento de agua para Lima y Callao. Pero se soslaya el riesgo de que por el Niño Global la sequía en el surandino e incluso en la sierra central se prolongue, con lo que las lagunas altoandinas que abastecen de agua a nuestras ciudades no alcancen su nivel mínimo. En ese contexto, la presidenta Boluarte anunció que se destrabará Chavimochic III y se impulsará Majes-Sihuas II, pero ¿habrá suficiente agua en los siguientes años para que estas obras funcionen como se espera?
Estos temas deberían ocupar a nuestras autoridades. En los catorce años de vigencia de la Ley de Recursos Hídricos la exuberancia de normas de menor rango ha distorsionado tanto esa ley que vale la pena plantearse su revisión integral, no solo de las muy diversas organizaciones de usuarios de agua, ni solo atender las crecientes demandas por agua potable. Es tiempo de mirar las cosas con una mirada más profunda e impulsar una revisión de fondo de esta importante ley y su institucionalidad.
