(Agraria.pe) Algunos gremios empresariales se han mostrado en contra del proyecto del Ejecutivo que convocaría a un referéndum para la conformación de una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna.
Dicha posición del sector privado considera que un cambio constitucional elevaría la inseguridad jurídica en un momento complejo en lo económico. Así lo dijo Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial: “Hay un alza de precios y no hay empleo. La principal acción debería ser promover la inversión, pero eso no se va a dar en el corto plazo porque el Gobierno está dinamitando la confianza”, aseveró.
Como se recuerda, la proyección vigente del Banco Central de Reserva (BCR) apunta a una inversión privada que no crecerá respecto de 2021. No obstante, agentes de mercado esperan incluso que dicha inversión decrezca.
En el caso del sector agroexportador, el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, comentó que ya el Perú ha perdido su atractivo para la nueva inversión.
“Ya las inversiones están migrando a Ecuador y Colombia. El presidente hizo una gira para garantizar la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros. Se está haciendo todo lo contrario. Basta ver lo que pasa con la minería”, acotó.
Interrogante
Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, advierte que la decisión del Gobierno incluso pondría un alto en la adjudicación de nuevos proyectos. “Toda la licitación vigente quedaría bajo signo de interrogación porque las reglas quedan en suspenso”, recalcó.
En el rubro minero, la inversión maneja una perspectiva negativa para el 2023 ante el término de la construcción de Quellaveco y la inexistencia de nuevos proyectos. Esto pese a que, según datos del Ministerio de Energía y Minas a noviembre del 2021, existen 43 proyectos mineros en cartera por un total de US$ 53,168 millones.
Para Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), la propuesta responde a un intento del Gobierno por desprenderse de la responsabilidad ante la inflación que está viviendo el país.
“Esta es una medida con la que está tratando de decirle a la gente que todo lo que está pasando, la subida de los precios, no es responsabilidad del Gobierno. Pero lo lamentable es que uno de los ministros de Economía no lo previno, no previno los efectos que podía generar el conflicto en Europa a los precios”, resaltó.
En tanto, para Carlos Durand, presidente de Perucámaras –gremio que congrega a 50 cámaras de comercio regionales-, el anuncio no es coherente con lo declarado por el presidente y otros voceros del Ejecutivo.
“No es congruente con los anuncios y lo declarado anteriormente en foros internacionales en el sentido de que el objetivo del Gobierno no era la asamblea constituyente. Hoy dicen que el pueblo lo pide, pero el pueblo pide salud, educación y reactivación”, remarcó.
Fuente: El Comercio
