SPDA advierte retrocesos ambientales en pedido de facultades legislativas del Ejecutivo

(Agraria.pe) La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicó un análisis legal sobre el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso para solicitar facultades legislativas, y advirtió que entre las propuestas hay cambios que podrían debilitar la protección ambiental, el manejo de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas en el Perú.

Los cambios más sensibles: PIACI, áreas protegidas y silencio administrativo
Según el análisis de la SPDA, dos de los pedidos más preocupantes son la modificación de la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), ambas orientadas a dar prioridad a actividades extractivas. A esto se suma la posible aplicación del silencio administrativo positivo —mecanismo por el cual una solicitud se considera aprobada automáticamente si el Estado no responde a tiempo— en procedimientos de certificación ambiental y en opiniones técnicas vinculantes de carácter ambiental.

Un punto que la organización subraya especialmente: estos cambios no aparecen de forma explícita en el proyecto de ley, sino en su Exposición de Motivos, el documento donde se detallan los fundamentos y alcances de la iniciativa. Por eso, la SPDA exhorta a los congresistas a revisar ese texto con detenimiento antes de votar, para entender con precisión qué facultades se le estarían delegando al Ejecutivo.

Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, remarcó que ahí es donde "se revela los objetivos de fondo" del pedido, y que el Congreso necesita esa claridad antes de decidir qué facultades otorga.

Nueve áreas temáticas bajo la lupa
El análisis de la SPDA revisó las propuestas en nueve líneas temáticas, entre ellas: modificaciones a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, simplificación en el otorgamiento de derechos sobre recursos hídricos, reformas al régimen de opiniones técnicas vinculantes, medidas para los sectores pesquero, forestal, minero y de hidrocarburos, y cambios normativos vinculados al turismo en ecosistemas marino-costeros.

De ese análisis, la organización llegó a cinco conclusiones centrales:

1. La reforma a la Ley PIACI no sería constitucionalmente viable. La SPDA sostiene que la propuesta busca garantizar la continuidad de derechos previos ligados a actividades de hidrocarburos, pero no evalúa su compatibilidad con el principio de no contacto ni los riesgos que implicaría el ingreso de personal y equipos a estos territorios para la vida y la salud de los pueblos en aislamiento. La organización recuerda que cualquier reducción del nivel de protección actual exige una justificación estricta y la demostración de que no existen alternativas menos lesivas, análisis que —afirma— no figura en la Exposición de Motivos.
2. La modificación a la Ley de ANP tampoco sería viable. El proyecto plantearía permitir la reducción de áreas naturales protegidas cuando un proyecto sea declarado de necesidad pública e interés nacional. Para la SPDA, esto convertiría una herramienta pensada para casos excepcionales en una vía para levantar restricciones frente a futuros proyectos económicos, sin que la Exposición de Motivos sustente esas circunstancias extraordinarias ni evalúe el valor ambiental y cultural de los espacios en juego.
3. El silencio administrativo positivo no debería aplicarse a la evaluación de impacto ambiental. La organización argumenta que esto sería incompatible con la naturaleza preventiva del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que impediría una revisión sustantiva de los riesgos de los proyectos de inversión, en particular los de mayor complejidad ambiental.
4. Tampoco debería aplicarse a las opiniones técnicas vinculantes. Según el análisis, dejar que el simple paso del tiempo reemplace el pronunciamiento de las entidades técnicas especializadas debilitaría las garantías propias de la evaluación ambiental.
5. Dar prevalencia a las concesiones forestales sobre "derechos posteriores" podría vulnerar derechos indígenas. La SPDA advierte que esta propuesta podría desconocer derechos territoriales de pueblos indígenas que existen desde antes del reconocimiento estatal formal, y que su aprobación podría dejar sin efecto normas vigentes que ya regulan estas superposiciones de derechos.

El llamado de la SPDA
Calle insistió en que la eficiencia estatal no puede lograrse eliminando controles ni sustituyendo el criterio técnico por el simple transcurso de los plazos, y planteó que conservación y desarrollo no son opciones contrapuestas. La especialista cerró su intervención señalando que un Estado no mejora por resolver más rápido a cualquier costo, sino por resolver con información y criterio técnico, cuidando lo que —dijo— una vez perdido no se recupera.

La decisión final sobre el pedido de facultades legislativas queda ahora en manos del Congreso de la República. La SPDA indicó que su análisis busca aportar al debate público antes de que los legisladores voten sobre el alcance de las facultades a delegar.