El anuncio de reducir gastos del Congreso y devolver recursos al Ejecutivo abre una oportunidad que no debemos desaprovechar. Pero el ahorro, por sí solo, no resuelve ningún problema. Su valor dependerá de que se traduzca en acciones oportunas para proteger a las familias.

Frente al fenómeno El Niño, el Perú no puede esperar a que lleguen las lluvias para actuar. Conocemos las consecuencias: vías interrumpidas, cultivos perdidos, alimentos que no llegan a los mercados y familias que ven desaparecer el esfuerzo de años. La respuesta debe concentrarse en tres prioridades: proteger infraestructura crítica, mantener el abastecimiento de alimentos y reducir las pérdidas productivas.

Primero, actuar sobre los puntos críticos conocidos. Las autoridades nacionales, regionales y locales deben revisar sus mapas de riesgo y programaciones existentes para priorizar la limpieza de drenajes y alcantarillas, el mantenimiento de vías y las intervenciones urgentes técnicamente justificadas. Cada entidad debe informar qué trabajos puede ejecutar con su presupuesto disponible, quién responde y cuándo terminará. No se trata de anunciar grandes obras, sino de resolver a tiempo problemas concretos.

Segundo, proteger el abastecimiento de alimentos. El Niño puede afectar la producción, interrumpir carreteras y elevar los costos de transporte. Si se pierde una cosecha, el agricultor pierde ingresos; si se corta una carretera, los alimentos tardan más en llegar; y si cae la oferta, los precios pueden subir y golpear a los hogares de menores ingresos.

La seguridad alimentaria exige actuar antes de esa cadena de efectos. Debemos identificar cultivos y zonas productoras vulnerables, proteger la infraestructura de riego y coordinar con agricultores, transportistas, comerciantes y mercados mayoristas. También corresponde identificar rutas alternas y seguir la disponibilidad y los precios de los productos básicos. Producir no basta: los alimentos deben llegar a tiempo, en buenas condiciones y a precios accesibles. La prevención debe proteger tanto al productor como al consumidor.

Tercero, sostener la actividad productiva. Las agencias agrarias, municipalidades y organizaciones empresariales pueden difundir alertas, información sobre rutas y orientación acerca de los mecanismos de asistencia y financiamiento que ya existen. Identificar con anticipación a los productores y pequeños negocios más expuestos facilita una respuesta más rápida si ocurre una interrupción. Preservar la producción también significa proteger empleos e ingresos familiares.

Estas medidas requieren coordinación y rendición de cuentas. El Ejecutivo debe informar el destino de los recursos anunciados y las acciones financiadas; el Congreso debe fiscalizar; y cada autoridad territorial debe comunicar sus avances y dificultades. Los anuncios de austeridad deben convertirse en resultados verificables, sin confundir recursos devueltos con dinero ya ejecutado.

El país necesita pasar de la reacción a la anticipación. No siempre será posible evitar los daños de un fenómeno climático, pero sí reducir sus consecuencias si se actúa con información, prioridades claras y responsabilidad compartida. Infraestructura, alimentos y empleo están conectados: proteger una ruta puede mantener el abastecimiento; mantener el abastecimiento ayuda a contener presiones sobre los precios; y sostener la producción evita que una emergencia temporal se convierta en una crisis familiar.

La política debe demostrar su valor antes de la emergencia, no solamente después de la tragedia. Prevenir es proteger vidas; asegurar el abastecimiento es cuidar la mesa de los peruanos; y preservar la producción es defender el empleo. El ahorro público tendrá sentido si se convierte en acciones concretas, oportunas y comprobables.