(Agraria.pe) El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) afirmó que el crecimiento continuo de las agroexportaciones peruanas (más de US$ 15.000 millones al cierre del 2025, según el Midagri), confirma la solidez de este sector y el cumplimiento de los estándares de inocuidad de mercados tan exigentes como el de la Unión Europea.
Frutos como los arándanos frescos, uvas frescas y paltas, así como el cacao en grano crudo y los espárragos frescos, mantienen al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo.
Este estatus alcanzado durante décadas se ha consolidado gracias al trabajo conjunto de los agroexportadores, productores y autoridades del sector, pero también a causa del estricto cumplimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias establecidas por el Senasa, razón por la cual no se han producido casos de rechazos en frontera de cargas completas de nuestras agroexportaciones en los mercados de destino.
Lo que sí se han detectado son casos de muestras no conformes de algunos lotes de las cargas nacionalizadas durante la etapa de comercialización, sobre todo dentro del territorio en mercados como el de la Unión Europea tras la vigilancia en supermercados; estos casos fueron notificados y el acceso de las exportaciones de nuestros productos se mantuvo sin inconvenientes.
Acciones sanitarias en Perú
Es importante señalar que, durante el 2025, el Senasa decomisó más de dos toneladas de productos prohibidos y ejecutó más de 3.500 fiscalizaciones para vigilar la venta de insumos registrados. En estas últimas se enfatizó que el uso irresponsable de sustancias químicas afecta la calidad de los alimentos y también tiene consecuencias legales severas.
Prueba de ello es que se impuso una multa de 60 UIT a una empresa en La Libertad tras un evento de intoxicación masiva debido a que una publicidad engañosa de un producto conllevó a la aplicación de una dosis no autorizada, causando la afectación a más de 300 personas.
Además, el Senasa actualizó los lineamientos de los programas post registro de plaguicidas agrícolas, entre ellos el de capacitación y asistencia, el cual forma parte de las obligaciones establecidas para que las empresas dueñas de registro ejecuten obligatoriamente acciones posteriores de capacitación dirigidas a los productores y otros actores del sistema, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria.
