Gracias a la invitación del congresista Yehude Simons, este 7 de octubre pudimos participar del Foro Visión del Agro al 2021. Este evento coordinado técnicamente por José Hernández de ATA nos ha servido para realizar el sano ejercicio de pensar cómo llegará nuestro agro y sus instituciones al bicentenario de la República.

La mesa donde me correspondió participar fue la de “Fortalecimiento de los Servicios Técnicos”. Allí junto a representantes del Colegio de Ingenieros, INIA y SENASA analizamos los servicios de sanidad e inocuidad, investigación e innovación, extensión, información y planificación.

El medio rural concentra la pobreza del país y a casi dos millones de familias que necesitan una mejora de sus ingresos. Estos ingresos aumentarán en un lento proceso de desarrollo social que se insume de mejor acceso y calidad de la educación, salud, saneamiento, comunicaciones, infraestructura y desarrollo de actividades económicas que generen empleo y condiciones para el emprendimientos. Sin embargo por estos lares existen pocas actividades económicas de gran dimensión que puedan desarrollarse; entre ellas: la agropecuaria (forestal incluida) hidrocarburos, minera y turismo. De las cuales solo la actividad agropecuaria es intensiva en generación de empleo.

Mejorar los ingresos de los productores agropecuarios pasa porque mejoren los precios (P) mejore la productividad (Q) y los costos sean más eficientes (CT) en resumen depende de maximizar (P x Q - CT).

La mejora de los precios pasa por un aumento de la demanda interna y externa. La demanda interna mejorará en la medida que crece la población y su poder adquisitivo es decir en la medida que crece la economía. La demanda externa crecerá en la medida que nos integremos mejor logística y comercialmente con los mercados internacionales, de la mano con esto va la implementación de los protocolos fitosanitarios y la firma de acuerdos comerciales.

Adicionalmente los precios mejorarán en la medida que exista una mejor interconexión con los mercados (caminos, carreteras, mercados de abastos etc) esto hará que haya más competencia de compradores para adquirir los productos locales. También los precios mejorarán en la medida que se implementen estrategias de valor como posicionar nichos de mercado, certificaciones, integración con la distribución, diferenciación, marketing etc.

De lo anterior hay que tener en cuenta que el comercio se da en dos sentidos, así como se facilita la salida de los productos para que lleguen de mejor forma a otros mercados, también llegan productos de otras regiones a competir con la producción local. Puede darse el caso que una buena carretera acabe por inundar el mercado local de productos foráneos y haga desaparecer su producción agropecuaria. La protección de mercados con medidas arancelarias o para-arancelarias no debe ser una opción porque esto genera ineficiencia generalizada y es una limitante para el crecimiento sostenido del sector.

Las tres millones de hectáreas bajo riego que podemos llegar a tener deben ser suficientes para alimentar eficientemente hasta 90 millones de personas (Ingesta anual per cápita 400 Kg y producción promedio 12 TM/Ha). Si limitamos nuestros mercados, la mejora de la productividad local solo hará que bajen los precios elásticamente.

La estrategia correcta para defender la producción local es dotarla de mayor competitividad, que pueda conducir a un proceso de especialización. Este proceso pasa por identificar y potenciar las ventajas comparativas (clima, agua, suelo, disponibilidad de recurso humano etc) y además pasa por desarrollar las ventajas competitivas. Esta tarea requiere de un planeamiento estratégico previo para implementarse.

Lo más difícil es desarrollar las ventajas competitivas pues en su mayor parte son inherentes a la organización, es decir a las capacidades y competencias de los mismos productores quienes deben implementar actividades cada vez más efectivas (eficientes y eficaces). Allí es donde recae la importancia de fortalecer los servicios técnicos para el sector agropecuario pues esto permitirá transferir tecnología y generar competencias para mejorar la productividad.

Mucho se puede soñar con los programas que puede implementar el sector público en pro de fortalecer los servicios técnicos para el agro, sin embargo aun con un gobierno que ha tomado la bandera de la inclusión vemos que conseguir mayor presupuesto para el sector agricultura es una tarea propia de titanes, y como los titanes tenían su centro de operaciones circunscrito a la mitología griega, entonces debemos asumir una actitud realista: difícilmente el presupuesto del sector público para el agro se va a incrementar de manera importante y en la proporción de las necesidades del sector.

Lo anterior no pretende tener una expectativa negativa sobre el futuro de los servicios técnicos sino que busca llamar la atención sobre la importancia de desarrollar un mercado eficiente de estos servicios para el agro. Esto pasa por involucrar al sector privado en solucionar las “fallas de mercado” alrededor de ellos y que buena parte de estos servicios sean brindados por empresas privadas. Por ejemplo: hay servicios donde no habrá la masa crítica suficiente para que el negocio justifique a los privados ingresar o la zona tiene un pobre acceso vial o hay demasiados polizontes (personas que no pagan por el servicio) o es impráctico cobrarlos. También es una realidad que, en buena parte de nuestro agro, los ingresos son tan bajos que no alcanza para pagar los servicios o parte de ellos.

El Estado puede implementar una estrategia de promoción de servicios técnicos para ser proveídos por empresas privadas incubando y ayudando a que se fortalezcan, también buscando mayor competencia en la provisión de estos servicios. El Estado puede ayudar a que exista masa crítica para generar negocios subvencionando parte del costo del servicio o completamente según corresponda.

Hay que tener en cuenta que la intervención pública en este tema debe ser de carácter temporal ya que dos, tres o cinco años pueden ser suficientes para que los usuarios de estos servicios hayan mejorado sus capacidades e incrementado sus ingresos y en consecuencia deban estar dispuestos a asumir el costo, o parte de él, de un servicio que claramente los debe beneficiar.

Los servicios donde el sector privado puede entrar eficientemente de manera espontánea o inducida son: los de información, extensión, investigación e innovación. Existen servicios como la planificación, la sanidad e inocuidad que tienen naturaleza económica de “bien público” y por lo tanto El Estado es quien debe darlos; no obstante es posible transferir al sector privado actividades relacionadas a ellos i.e. análisis en campo y laboratorio, capacitación, crianza de insectos benefactores etc.

Debemos apuntar a un proceso de especialización de empresas privadas para que puedan brindar servicios técnicos para el agro de forma eficiente. El Estado puede intervenir temporalmente en este proceso para solucionar fallas de mercado y en particular completar los mercados alrededor de estos servicios, de esta forma podremos llegar al año 2021 con una cobertura cercana al 100% de estos servicios sin que El Estado haya tenido que inmovilizar capital (costos hundidos) en la infraestructura o personal especializado para brindarlos. 

Ausencia de visión sería llegar al bicentenario sin que los servicios técnicos hayan dinamizado la actividad agropecuaria, cada año perdido es riqueza no generada que nunca se recupera.

Lima, 08 de octubre del 2011