Por: Alfonso Bustamante Canny, presidente de la CONFIEP
(Agraria.pe) Las recientes declaraciones del ministro de Economía, respecto a los nefastos resultados de la derogación de la Ley de Promoción Agraria por el Congreso de la República han causado la ira de la izquierda mal llamada “progresista”.
No les gustó que con la política de promoción agraria se haya convertido 220 mil hectáreas de terrenos eriazos en fértiles campos de cultivo, gracias a la adopción de modernas técnicas de riego por goteo, atrayendo miles de millones de dólares de inversión privada en el campo.
No toleran que más de medio millón de pobladores rurales se conviertan en trabajadores formales, bancarizados, con beneficios sociales; y que hayan multiplicado sus ingresos, saliendo de la dolorosa línea de pobreza monetaria.
Peor aún, a este grupo de mercaderes de la política les resulta contraproducente que donde se desarrolla la agricultura moderna haya pleno empleo; no sólo en el campo, sino a través de las decenas de miles de empresas locales que nacieron y se sostienen como proveedores de bienes y servicios a la agroindustria. Sin duda, el progreso social derivado de la actividad agroindustrial es un mal negocio para los que trafican con el dolor de la gente, prometiendo dádivas a cambio de votos.
Es por eso que cuando instituciones como el BCR, el MEF o los organismos internacionales de desarrollo, indican que la derogación de la Ley de Promoción Agraria fue un error, los enemigos del progreso se rasgan las vestiduras, acusando falsamente al régimen de promoción agraria de elitista y explotador, cuando en realidad sus afirmaciones solo confirman el soterrado interés del comunismo, que es igualar a todos en la miseria. No se tolera el progreso ni la meritocracia.
El esquema laboral flexible, que subsiste hasta ahora, permite aumentar los puestos de trabajo por temporadas, lo que ha permitido que el trabajador de campo rote entre cultivos y empresas, logrando conservar la fuente de empleo durante todo el año. Las empresas, mientras tanto, compiten por atraer al trabajador más productivo, ofreciéndole mejores condiciones económicas y beneficios colaterales en un círculo virtuoso de competitividad.
A tres años de la derogación de la Ley de Promoción Agraria, y por primera vez en 20 años, el crecimiento de las agroexportaciones se detuvo y la mitad de las empresas acogidas a la Ley Agraria se volcó a la informalidad, dejando a sus trabajadores fuera de la protección del sistema. El bono BETA (30% sobre la RMV) indiscriminado no aumentó el ingreso promedio de los trabajadores agrarios, solo sócializó los bonos, reduciendo la productividad laboral y rentabilidad del sector.
Es necesario desvincular el BETA de la RMV y promover la formación técnica y capacitación con el fin de aumentar la productividad de los trabajadores, lo que constituye la única forma de sostener y aumentar los salarios, mientras se mantiene la salud financiera de la empresa.
Por el lado del mercado, las exigencias de productos de mayor calidad y con presencia anual son cada vez mayores, lo que exige de los productores agrícolas reemplazar las variedades convencionales de uva, arándano, cítricos y espárragos por otras de genética más avanzada. Todo ello requiere una inversión extraordinaria, lo que confronta hoy al empresario agrícola entre renovar el campo o salirse del negocio, con el agravante de que las condiciones de actuales dejaron de ser atractivas.
Urge entonces retomar medidas que restituyan la competitividad al agro.
Fuente: Perú 21
