Hay una paradoja curiosa en la agricultura peruana: somos extraordinariamente rigurosos con la comida que exportamos y sorprendentemente relajados con la que nos comemos nosotros mismos.

El país que envía arándanos impecables de Ica a Shanghái y paltas perfectamente trazadas desde Olmos a Rotterdam es el mismo donde una ensalada comprada a la vuelta de la esquina podría contar una historia química bastante más interesante de lo que uno quisiera escuchar.

Si uno tuviera que resumir la agricultura peruana en una sola imagen, probablemente no sería un moderno packing de exportación ni un fundo tecnificado de la costa. Sería algo mucho más sencillo: un agricultor con sombrero parado frente a una tienda de agroquímicos en algún centro poblado del valle de Huaral o Cañete preguntándole al vendedor qué producto debería aplicar para salvar su cultivo.

Ese agricultor —con una o dos hectáreas, a veces menos— forma parte de la pequeña agricultura que produce más del 80% de los alimentos que consumimos los peruanos. No suele aparecer en los titulares que celebran los éxitos de la agroexportación, pero es quien sostiene silenciosamente la dieta nacional. Y mientras el país presume con razón su liderazgo en frutas de exportación, conviene recordar una cifra que rara vez acompaña esas celebraciones: todo ese sector moderno ocupa menos del 10% del área cultivada del país. El resto tiene una tarea mucho menos glamorosa, pero infinitamente más importante: alimentar al Perú.

Alimentar al Perú, alimentar a Lima

En Lima hay casi once millones de estómagos que todos los días esperan que alguien produzca suficientes granos, pollos, frutas y hortalizas para llenar mercados, restaurantes, bodegas y supermercados. Buena parte de ese abastecimiento proviene de los valles cercanos a la capital —Huaral, Barranca, Cañete o Ica— donde la cercanía permite que los productos lleguen rápido a los centros de consumo. El problema es que esa ventaja logística convive con debilidades estructurales que el país arrastra desde hace décadas: asistencia técnica limitada, sistemas de extensión agraria debilitados, informalidad en la venta de agroquímicos y cadenas de comercialización donde el agricultor rara vez tiene acceso a la mejor información.

En ese contexto, muchas decisiones agronómicas se toman casi a ciegas. El agricultor termina aprendiendo más del vendedor de la tienda de agroquímicos que de cualquier institución pública. Y el vendedor de insumos, naturalmente, vende insumos.

Los estudios recientes sobre residuos de pesticidas en alimentos han comenzado a poner números a lo que muchos sospechaban. Diversos monitoreos realizados en mercados del país encontraron que una proporción significativa de frutas y hortalizas presenta niveles de plaguicidas por encima de los límites permitidos, y en algunos casos se detectaron varios pesticidas distintos en un mismo alimento. Lo más inquietante es que no hablamos de productos exóticos, sino de ingredientes cotidianos de cualquier cocina peruana: apio, cebollita china, pimiento, brócoli, ají o fresas.

A veces imagino un pequeño experimento que probablemente arruinaría más de un almuerzo dominical. Bastaría instalar un laboratorio móvil frente a la puerta de cualquier supermercado elegante de Lima y analizar al azar algunas de las verduras que salen en las bolsas de compra. Un pepino, una cebollita china, un atado de apio. Una simple máquina de cromatografía líquida bastaría para revelar lo que normalmente permanece invisible. Sospecho que más de una familia descubriría que su ensalada viene con un cóctel químico tóxico que nunca figuró en la receta.

Conviene decirlo con claridad: los pesticidas no son el enemigo por definición. Bien utilizados han sido herramientas fundamentales para evitar pérdidas agrícolas y mejorar la productividad. El problema aparece cuando su uso se vuelve desordenado o cuando el agricultor no tiene acceso a la información necesaria para utilizarlos correctamente.

Pesticidas Buenos, Venenos Malos

Al escribir este artículo estuve revisando un fallo del Tribunal Constitucional de hace un par de semanas, en el cual se ordena la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de plaguicidas que contengan unas sustancias específicas. Como si el problema fuera la venta y no la aplicación. Es como que prohíban el whiskey, porque hay mucho borracho.

Más bien debería hacerse énfasis en que la diferencia entre una aplicación efectiva y un desastre productivo muchas veces depende de algo tan simple como el momento exacto y la dosis adecuada. Y ahí aparece uno de los vacíos más evidentes de nuestro sistema agrícola.

Lo he visto muchas veces en el campo. No solo en los valles de la costa, también en cafetales de la selva central. Cuando un cultivo de café empieza a mostrar los primeros síntomas de roya amarilla existe una ventana precisa en la que el tratamiento puede controlar el problema. Pero el agricultor, tratando de ahorrarse una aplicación, a veces decide esperar. Tal vez piensa que el sol fuerte frenará el avance del hongo o que el clima jugará a su favor. Cuando finalmente decide intervenir, la infestación ya superó el nivel manejable. Entonces ocurre lo inevitable: aplica más producto del necesario, gasta el doble y aun así pierde buena parte de la cosecha.

Ese pequeño episodio resume un problema estructural mucho mayor. No se trata solo de exceso de pesticidas, sino de falta de conocimiento técnico oportuno. En su gran mayoría los pesticidas correctamente aplicados cumplen su objetivo fitosanitario y dejan residuos por debajo de lo permitido, sin repercusiones negativas en la salud humana.

Sin embargo, no todos son unos santos, porque a esto se suma una paradoja incómoda del mercado global. Algunos de los compuestos más cuestionados en la agricultura moderna —como el clorpirifos— han sido restringidos o prohibidos en varios países después de que investigaciones científicas los vincularan con riesgos neurológicos y hormonales. Pero durante años esos mismos productos continuaron produciéndose y vendiéndose en mercados con regulaciones más débiles. Si eso ocurre en el comercio internacional formal, no es difícil imaginar lo que sucede en el mercado informal de agroquímicos en el Perú, donde todavía circulan productos vencidos, contrabandeados o incluso prohibidos.

Sería injusto, convertir al agricultor en el villano de esta historia. La mayoría de pequeños productores no está tratando de intoxicar a nadie; está tratando de evitar que una plaga destruya el cultivo del cual depende la economía familiar. Cuando una hectárea representa el ingreso de todo un año, la tentación de aplicar “un poco más por si acaso” resulta comprensible. El verdadero problema es que el sistema que debería brindar alternativas técnicas prácticamente desapareció.

El Estado – Mi Villano Favorito

Las agencias agrarias y las direcciones regionales de agricultura, que en teoría deberían ser el brazo de extensión del Estado en el campo, llevan décadas debilitadas. Allí donde debería existir capacitación permanente en manejo integrado de plagas, control biológico y buenas prácticas agrícolas, muchas veces lo único que queda es un vacío institucional.

Y los vacíos, en el campo como en la naturaleza, siempre terminan siendo ocupados por alguien.

A veces por la tienda de agroquímicos.

Si algún día los consumidores de Lima decidieran exigir controles rigurosos de residuos en frutas y hortalizas, el país podría enfrentarse a una sorpresa incómoda. Una fiscalización seria probablemente revelaría que una parte importante de la oferta actual no cumple con estándares adecuados. El resultado podría ser incluso un desabastecimiento temporal de productos frescos. No porque los agricultores quieran producir alimentos inseguros, sino porque el sistema nunca les dio las herramientas para producir de otra manera.

La solución, sin embargo, no es un misterio. Pasa por reconstruir algo que el Perú dejó deteriorar durante décadas: un sistema serio de extensión agraria que conecte la ciencia con el campo. Capacitar agricultores, promover el manejo integrado de plagas, mejorar el monitoreo de residuos y establecer trazabilidad básica en las cadenas de comercialización no es ciencia ficción. Muchos países lo hicieron hace medio siglo.

La paradoja final es difícil de ignorar, queridos Agronautas. El Perú ya demostró que puede producir alimentos con estándares sanitarios altísimos cuando el cliente está a diez mil kilómetros y paga en dólares. Tal vez ha llegado el momento de aplicar el mismo rigor cuando el cliente está a diez cuadras y paga en soles. Porque en algún punto entre el campo y la mesa de Lima, la modernización agrícola todavía se nos quedó a medio camino… y la ensalada sigue pagando las consecuencias.

Con la fe intacta en el agro (y esperando haber contribuido a entender la agenda pendiente), un abrazo, Agronautas

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