Entenderán, queridos Agronautas, que la intención de estas historias no es quemar a nadie ni poner nombres de empresas sobre la mesa. Lo que sigue ocurrió de verdad, solo que algunos detalles han sido convenientemente maquillados para evitar que más de un funcionario o un agroexportador se atragante con su café.

Hace algunos meses, en la consultora nos encargaron un trabajo aparentemente sencillo: obtener una licencia de agua superficial para unas hectáreas en la costa norte, destinadas al cultivo de arándanos. El propietario del fundo —amigo personal— había tenido la tierra arrendada durante años a familias que sembraban cultivos de pan llevar y ahora tenía sobre la mesa una propuesta seria: un contrato de alquiler por más de diez años con una agroexportadora, de las que sí pagan impuestos y no abusan “del agua ilegal”.

El problema era simple: el fundo ya no tenía licencia de agua. Años atrás, como casi no usaba el predio, el dueño decidió devolverla. Error estratégico número uno. Desde entonces, los arrendatarios se habían abastecido informalmente, coludidos con algún tomero creativo, usando pesticidas sin mayor control y sin pagar un sol por más de 20,000 m³/ha/año. Agua real, ilegal y ambientalmente desastrosa.

El dueño no estaba precisamente boyante como para pagar una consultoría de lujo, pero apeló a la amistad y a esa vieja idea de que el karma empresarial algún día devuelve favores. Además —para ser honesto— yo tenía horas ociosas y cierto interés personal en volver a meterme de lleno en el mundo regulatorio, no fuera a ser que me quedara desactualizado en un país donde las reglas cambian más rápido que los ministros.

Así que acepté liderar el proceso personalmente y propuse soberbio: “En tres meses la saco”.

La licencia que pretendía obtener era tremendamente beneficiosa para el país por las siguientes razones: (i) el arándano en esa zona no necesita más de 8,000 m3/ha/año; (ii) solo para una hectárea se necesitan más de 500 jornales, que pagan impuestos y beneficios sociales al trabajador; (iii) se reduce tremendamente la carga de pesticidas al subsuelo y todo aplicador de insumos en la nueva empresa arrendataria utiliza equipo de seguridad; (iv) se contribuye con el impuesto a la renta y con las compras con IGV de una inversión de más de $100,000/ha a las arcas de la SUNAT que necesitan de esa liquidez para reducir la brecha en infraestructura del país; y (v) por fin después de más de 20 años ese predio estaría pagando por el uso formal del agua, aportando a las arcas de la Comisión de Regantes y a la Junta de Riego para que cumplan con su tareas de administrar el agua correctamente, mantener los canales de riego, gestionar las defensas ribereñas, alertar sobre riesgos, etc.

Bueno, pensando que todas esas razones y los requisitos previamente indicados eran suficientes para navegar rápidamente en la burocracia de la ANA me lancé al ruedo hace 7 meses y me fui hasta las oficinas de la ALA que regentan la zona del fundo para presentar lo necesario.

Con algo de experiencia previa —y alguna que otra discusión histórica con ministros sobre estos temas— arranqué revisando los requisitos publicados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Todo parecía sospechosamente claro. Demasiado quizás. Pueden chequear: https://www.gob.pe/10820-solicitar-licencia-de-uso-de-agua-superficial-o-subterranea

Antes de entrar al vía crucis formal, decidí ser precavido y solicitar primero una resolución de disponibilidad de aprovechamiento hídrico. En simple: demostrar que el río tenía agua suficiente. Pensé ingenuamente que sería un ejercicio básico de matemáticas: caudal promedio mes a mes, menos derechos otorgados. Spoiler: no lo fue.

Pidieron planos, memorias, coordenadas, esquemas de canales y una paciencia que no figuraba en el TUPA. Dos meses después, la resolución salió. Había agua de sobra. Hasta ahí, todo bien.

Ese mismo día ingresé las solicitudes de licencia con todo lo que la web de la ANA indicaba: solicitud firmada, acreditación de la propiedad, memoria técnica y comprobantes de pago. Incluso había seguimiento virtual, mesa de ayuda y un ingeniero asignado al expediente con su teléfono celular. Iluso de mí, pensé que lo peor ya había pasado.

Primer tropiezo: el fundo tenía dos unidades catastrales. La ANA interpretó que se estaba duplicando las solicitudes y decidió evaluar solo una, pese a que se había pagado por ambas. Resolver ese malentendido tomó otro mes. Y ya vamos tres.

Luego vino la observación estrella: certificación ambiental. Según el ingeniero, era indispensable. Según el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos —que conozco bastante bien—, no necesariamente. Para arándanos en maceta, con riego por goteo, suelo cubierto y cero infiltraciones, el impacto ambiental era menor que el del uso actual del predio, donde el agua con pesticidas se infiltraba libremente al acuífero sin que nadie fiscalizara nada desde hacía una década.

No hubo forma. El funcionario estaba convencido a pesar de que la regulación le daba cierta discreción al decir que se exigirá “cuando corresponda”. Y cuando un funcionario tiene miedo de la Contraloría, no le importan los tiempos del administrado.

Así que respiré hondo, mordí el orgullo y fui a buscar la certificación ambiental al MIDAGRI, la cual conseguí con mucho esfuerzo, pero en tiempo récord – dos meses. Volví a la AAA con el expediente completo, ya en diciembre, jugando tiempo suplementario, pero con fe.

Entonces ocurrió lo impensable (aunque, en el Perú, bastante probable): un ciberataque a la ANA. El sistema cayó. Navidad pasó. Año Nuevo también. Enero empezó con el ingeniero de licencia y sin presupuesto para contratar reemplazos. Mi expediente quedó huérfano.

En un arranque de pragmatismo extremo, incluso sugerí hacer una donación institucional para que la AAA contratara el apoyo técnico que se requiera. Me dijeron que eso tenía que pasar por Contraloría, pero que “no me preocupara”. Dos semanas después, nada.

Cuando finalmente el trámite volvió a moverse, ya llevaba 5 meses y medio en esta danza y apareció otro capítulo inesperado: la necesidad de notificar a la ALA para que, junto con la Comisión de Regantes y la Junta de Usuarios, realizaran la inspección ocular del fundo. La notificación salió, pero el apuro era solo mío. Entre agendas, coordinaciones y silencios administrativos, pasó casi un mes antes de que se programara la visita, pese a que las directivas internas obligan a plazos bastante más cortos.

El día de la inspección los recogí personalmente. Caminamos el fundo y —con cierta ironía involuntaria— recorrimos los canales que habían llevado agua ilegal desde hacía años, por donde pronto debería correr agua perfectamente legal. Por suerte, a los pocos días el informe estaba en manos de la ALA, pero el sistema se cayó por 3 días y recién después de una semana se lo pasaron a la AAA. El expediente, exhausto de tantas idas y vueltas, pero inexplicablemente esperanzado, volvía —una vez más— a la recta final.

Cuando ya sentía que la meta estaba cerca, surgió el último nudo burocrático: la resolución de disponibilidad hídrica estaba a nombre del propietario, pero la certificación ambiental figuraba a nombre del arrendatario que era el dueño de los arándanos. Conclusión oficial: confusión administrativa. La licencia no podía salir.

Argumenté lo obvio: el agua está asociada al predio, no a quien la usa temporalmente. El arrendatario no se puede llevar ni la licencia ni el agua del río cuando acabe su contrato. Pero la lógica, otra vez, no fue suficiente. Según el reglamento, al acabar el contrato el dueño del predio se quedaría nuevamente sin licencia y otra vez volveríamos a vernos las caras (esa es una disposición insalvable de la ANA que queda para revisar).

Tras otro viaje a visitar a la AAA de la zona y una conversación intensa con el abogado de la oficina, acordamos hacer las paces anexando al expediente el contrato de arrendamiento inscrito en Registros Públicos. Eso se hizo esa misma tarde. Ojalá que RRPP se apure y no observe nada… Y acá estamos, 7 meses después, todavía esperando la bendita licencia.

Nadie me pidió un centavo. Y eso también hay que decirlo. Pero el sistema, tal como está diseñado, desalienta la formalidad y promueve la corrupción. Exige estándares regulatorios propios de un país altamente organizado, pero los procesa con una capacidad operativa frágil, lenta y sin incentivos claros. En ese desfase, al margen de la buena voluntad de los funcionarios a cargo, el que quiere hacer las cosas bien avanza con freno de mano, mientras el informal sigue circulando sin SOAT.

En una próxima Historia del Agronauta, me meteré con otro tema igual de sensible: el precio del agua en el agro peruano, lo que realmente se paga, lo que no se paga y lo que —nos guste o no— algún día terminaremos pagando todos.

Con la fe intacta en el agro (aunque a veces tenga trámites casi imposibles),

un abrazo, Agronautas.