Fernando Belaunde Terry solía hablar de la “lengua madre” para referirse al quechua, evocando los “Comentarios Reales de los Incas” de Garcilaso de la Vega. El quechua era una lengua en evolución cuando llegaron los españoles, una lengua de exclusivo uso oral pues no tenía escritura. Como sabemos, la escritura es uno de los elementos centrales para fortalecer una cultura y una estructura de poder más sólida.

La lengua madre existió y fue quizás el mejor instrumento de expansión de los Incas, una herramienta que funcionaba a pesar de sus limitaciones. Del mismo modo, existen leyes que funcionan a pesar de sus defectos o carencias; y del otro lado, existen leyes espectaculares en cuanto a objetivos y fines pero que no logran resultados en la práctica.

El gobierno de Toledo nos dejó la idea de compensar el daño, al agro nacional, por las importaciones que vendrían a partir de los TLC. Solo en idea, porque en la práctica: el trigo, maíz, y los lácteos han sido afectados, sin recibir medidas compensatorias que hayan amortiguado el golpe.

Después, fue abrumador ver las ganas del presidente García por sacar adelante su Sierra Exportadora; pero la dimensión del reto, más la falta de instrumentos apropiados y la poca voluntad de sus ministros por avanzar con el tema, hicieron que esto solo quede en un sueño.

Humala, pensó que con inversiones en infraestructura de almacenamiento de agua iba a resolver el problema del agro. Su programa “MI Riego” además de ser muy limitado, se quedó en la ineficiencia de ejecución, con obras paralizadas e inconclusas hasta la fecha.

PPK nos dejó AgroPróspero, una propuesta que combinaba infraestructura, siembra y cosecha de agua y asistencia técnica. Sin embargo, ya sabemos qué pasó con PPK. Aunque mucho antes ya se había abandonado la propuesta, luego de la salida de Hernández del MINAGRI. En adición, las inundaciones del 2017 prácticamente dejaron al Ministerio como el recurrente “descolmatador de los ríos”.

El Congreso de la República por su parte, nos ha dejado leyes para favorecer los mercados agropecuarios, la tecnología, las semillas, la siembra y cosecha de agua, la promoción de plantaciones forestales etc, etc. Solo nos falta la Ley para que los grupos religiosos promuevan agricultura en zonas de frontera… bromas aparte, hay que decir que casi todas estas leyes han partido de buenas intenciones, pero en la práctica solo han contribuido al calentamiento global, gastando papel innecesariamente.

La reciente aprobación por parte del gobierno del DU 043-2019 para extender los beneficios de la Ley de Promoción Agraria (27360) por 10 años más; dejó en claro, que ésta es una ley para la agroexportación; quedando en el deseo, una Ley que verdaderamente sirva a los intereses de la pequeña agricultura. La Ley Madre del Agro que muchos pedimos y queremos, pero creo que nadie sabe cuál sería.

Si seguimos la inercia, cada año la pequeña agricultura empeorará. Ya lo he explicado antes, la oferta del agro es más grande que la demanda local, por ello los precios y el poder de mercado de los pequeños productores es nulo. La teoría económica diría que progresivamente la oferta disminuirá y los precios mejorarán. El punto es que este “milagro económico” debió darse hace más de 20 años, pero la dispersión y nula coordinación de más de dos millones de pequeños productores hace muy difícil alcanzar un equilibrio razonable de mercado. Está claro que necesitamos menos oferta de alimentos o más demanda por ellos.

La menor oferta local de alimentos se puede dar si incorporamos cultivos industriales no alimentarios, exportando más o simplemente dejando que el agricultor deje de sembrar. Esto último se viene dando, a baja intensidad, con la venta de predios agrícolas para proyectos urbanos. Pero para que tengan una idea, una ciudad de mil cuadras residenciales, requiere una extensión de mil cuatrocientas hectáreas; ello es poco si consideramos que, solo en la costa, tenemos más de 800 mil hectáreas de pequeña agricultura.

El punto es que, si dejamos esto a la propia dinámica del mercado, el costo social será muy alto para el país. Parte de ese costo ya lo venimos pagando con el abandono del sector rural, hacinamiento de las ciudades, desempleo y pobreza. Dejar el problema del agro sin respuesta por parte del Estado, implica reconocer que la clase dirigente del país no sirve al pueblo.

Mucho de lo anterior, es un proceso que se da en el mundo; sin embargo, el mundo ha sabido implementar programas de subsidio al precio, o bonos al productor, compra de la producción o fondos para compra de tierras rurales o simplemente cerrando sus fronteras a la importación.

¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Una gran Ley puede resolver un problema tan complejo? para empezar, las leyes no necesariamente las deben desarrollar los abogados (ellos pueden asesorar y corregir el texto final) una Ley para el agro debe hacerse con gente de experiencia en legislación, en gestión ministerial, de gobiernos regionales, en producción agropecuaria y de negocios en el sector privado. Hacer una Ley pasa por proyectar, en la práctica, cómo funcionaría operativamente, y superar todos los cuellos de botella para que realmente funcione. Una Ley y su reglamento son partes del mismo cuerpo y deben hacerse al mismo tiempo.

La Ley Madre que requiere el agro, necesita de las mejores mentes, personas y voluntades; al inicio será construir una torre de babel con muchas lenguas, pero es posible orientar una propuesta sólida. Esta propuesta diseñará un instrumento que no será para el 100% de la masa de pequeños productores -en términos de mercados, logística y presupuesto ello representa un imposible material- pero sí podríamos llegar a más del 20% de la masa de pequeños agricultores, lo demás mejorará como consecuencia del dinamismo propio del sector.

Mi propuesta pasa por un agresivo programa de desarrollo de proveedores, algo que diseñé en el 2017 siendo Director Nacional Agrícola, pero quedó en la incubadora. Dicha propuesta pasa por vincular de manera efectiva a pequeños productores con cooperativas, empresas industriales o empresas agroexportadoras con un paquete de incentivos fuerte para capitalización, financiamiento, tecnología, semillas y asistencia técnica. Este programa llegaría a unos 500 mil productores agropecuarios bajo la premisa de: mercado seguro e incentivos para que los mismos privados hagan negocio con una subvención estatal. Es lo más seguro que puede hacer el Estado en términos de minimizar riesgos.

Un programa como el anterior costaría cerca de S/ 1.500 millones anuales, durante 10 años. Es algo que se podría montar rápido y sin mayor burocracia, implementando un nuevo componente en el programa Agroideas.