(Agraria.pe) La Convención de Nacional del Agro Peruano (Conveagro), así como diversas organizaciones agrarias y rurales como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (Anpe Perú), la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), la Confederación de Campesinos del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, la Federación Nacional de Trabajadores del sector Agrario Industrial (Fentrair), entre otras, manifestaron su rechazo ante la reciente aprobación en primera votación por parte del Congreso de la República, del dictamen que modifica el régimen tributario y laboral del sector agrario, ya que, según indican, dicha iniciativa daña la agricultura familiar.
Los gremios agrarios indicaron que esta ley facilita el acceso del sector agroexportador al mercado de compras estatales de la agricultura familiar, daña programas diseñados para la agricultura familiar creadas con el fin de cerrar brechas existentes, perpetúa la inequidad con incentivos fiscales desproporcionados y vulnera la sostenibilidad de miles de productos familiares.
Asimismo, señalan que la ley desvía programas diseñados para las MYPE y los pequeños agricultores hacia grandes empresas agroexportadoras, desplazando a pequeños emprendimientos urbanos y de la agricultura familiar, desvirtuando su propósito original y desmantelando mecanismos esenciales para su desarrollo.
“La ley despoja a la agricultura familiar de programas de financiamiento no reembolsables como Agroideas, Agro Rural, Agromercado y Senasa, ampliándolos ilegitimamente al sector agroexportador, lo que agrava desigualdades y debilita su competitividad y se impone un modelo de asociatividad desigual y desregulado. Este modelo favorece a las agroexportadoras con incentivos tributarios, mientras los costos y riesgos recaen en los productores familiares y las formas en que se asocia se asocian, relegándolos a ser simples proveedores”, indican.
Agregan que este esquema perpetúa la inequidad, va en contra de la Política Nacional Agraria y alienta graves conflictos. “En lugar de fortalecer el agro peruano, consolida la desigualdad, profundizando brechas en la agricultura familiar, pone en riesgo la recaudación tributaria y amenaza con germinar conflictos sociales de alta intensidad”.
Grave impacto fiscal
Los gremios agrarios y rurales manifiestan que el dictamen ha sido desestimado públicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Fiscal, por representar un alto riesgo fiscal para el país. Destacan que el propio MEF y diversas personalidades en materia de economía han indicado que su implementación provocaría pérdidas anuales de hasta S/ 1.850 millones, al reducir la tasa del Impuesto a la Renta (IR) para grandes agroexportadoras y debilitar el sistema de aportes a EsSalud.
Insisten en que la nueva ley permite a grandes exportadoras acceder injustamente a beneficios tributarios diseñados para sectores con menos recursos, lo que vulnera el principio de igualdad tributaria, amplia la brecha de competitividad en el agro y prioriza privilegio fiscales sobre la recaudación.
“Se concedería incentivos fiscales desproporcionados a la agricultura de exportación, sin metas claras ni compromisos verificables. Crea un privilegio rentista que agrava desigualdades, debilita la confianza en la política tributaria y pone riesgo la recaudación con pérdidas estimadas en S/ 20.000 millones”, advierten.
Añaden que dichos incentivos deben basarse en criterios técnicos alineados con estándares nacionales e internacionales para garantizar sostenibilidad y equidad tributaria, sin embargo, “esta medida favorece de manera desproporcionada a los grandes grupos agroexportadores, especialmente a los diez mayores, que concentran más el 60% del valor exportado, mientras se excluye a la agricultura familiar del acceso efectivo a beneficios, inversión pública o alivio tributario proporcional”.
Recordaron que en el año 2020, tras movilizaciones nacionales se logró una reforma al régimen agrario que buscaba una mayor equidad en los derechos y condiciones laborales y la formalización, pero ahora esta nueva ley bebilita el trabajo fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el sector agroindustrial.
En ese sentido, los gremios agrarios y rurales exhortaron al Pleno del Congreso de la República a rechazar este dictamen en la segunda votación deteniendo su avance inmediato. “Apostar por el desarrollo del agro no puede hacerse a costa de desfinanciar el Estado ni volver a modelos de subsidios ocultos para grandes empresas. La agricultura familiar necesita inversión pública, acceso a mercados y servicios, no competencia desleal y abandono fiscal”.
Asimismo, exigieron una revisión técnica y participativa de la propuesta, convocando a todos los actores de agro, incluyendo productores familiares, gremios academias y gobiernos regionales. También solicitaron el diseño y una propuesta integral de política general agraria, que promueva inversión, equidad y sostenibilidad, en especial, de la pequeña agricultura. Además, de respeto hacia las recomendaciones de los organismos técnicos que velan por la estabilidad de nuestra política fiscal, como es el Consejo Fiscal.
Las organizaciones que suscriben el comunicado reafirmaron su compromiso con una agricultura rentable, sostenible y base de la seguridad alimentaria del país. Asimismo, advirtieron que de insistir en la aprobación de dicho dictamen mencionado provocará rechazo y convulsión social entre los millones de pequeños productores de la agricultura familiar que representa el 97% de la estructura agraria del Perú, lo que agravaría la situación de crisis de gobernabilidad del país en su conjunto.
