(Agraria.pe)
Por Beatriz Salazar, del programa de Cambio Climático y Agricultura Sostenible de CEPES
La deforestación es uno de los principales problemas en nuestro país. No sólo contribuye al calentamiento global, también amenaza nuestro patrimonio forestal, biodiversidad, la disponibilidad de agua y ahora también amenaza a las exportaciones de productos como café y cacao, que deberán cumplir con costosas exigencias para probar que su cultivo no ha provocado deforestación o degradación del bosque.
En mayo pasado, la Unión Europea (UE) aprobó una nueva normativa que exige que las importaciones y exportaciones de cacao, café, palma aceitera, caucho, soya, ganado, madera y sus derivados, por parte de empresas con sede en la UE, no hayan sido producidos en terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020 y, adicionalmente, que no provoquen abusos contra los derechos humanos. Si no pueden probarlo, se prohibirá la entrada de estos productos al mercado de la UE.
Nuestro país despierta preocupación por sus altos niveles de deforestación ligados a la agricultura. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), más de 1.1 millones de hectáreas (24%) de la superficie agrícola en la Amazonía en 2018 procedían de bosques que se perdieron entre 2001 y 2017. Se han denunciado casos de deforestación por monocultivos vinculados a grandes empresas nacionales y transnacionales. Pero también la agricultura migratoria se considera como uno de los principales impulsores de la deforestación. El propio Estado peruano ha brindado incentivos para que esto ocurra, a través de políticas relacionadas con la tenencia de la tierra y crédito agropecuario, entre otras.
A propósito de políticas estatales que pueden agravar la deforestación, en el Congreso de la República se viene impulsado un proyecto de ley que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La Defensoría advierte que con este proyecto se legitimarían “las conductas infractoras o delictivas que provoquen la deforestación”. Aidesep denuncia que “pone en riesgo nuestros territorios y vulnera nuestros derechos colectivos”. El Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre advierte que esta iniciativa permitiría realizar actividades agrícolas sin contar con un sustento técnico. La autógrafa fue rechazada por el Pleno en marzo, pero se ha solicitado una reconsideración del voto. Esperamos que el Congreso la rechace definitivamente pues de lo contrario, el Perú podría ser clasificado como país con riesgo alto de deforestación por la UE, con efectos negativos para miles de familias agricultoras.
Combatir la deforestación debe ser una prioridad para el Perú aún si nuestras exportaciones no son afectadas, pues amenaza nuestra viabilidad como país. En los últimos años, investigadores han advertido que si la deforestación supera cierto umbral -que podría ser tan bajo como el 25 % de la superficie amazónica- los bosques ya no podrán sostenerse y el bioma podría colapsar y producirse la “sabanización” de la región amazónica meridional y oriental.
El cambio climático es un problema global y las soluciones también deben serlo. En ese sentido es positivo que normativas como la de la UE y otras que se están evaluando en Estados Unidos y Asia se enfoquen en la sostenibilidad de la cadena global de suministros, pero el éxito dependerá de la capacidad de apoyar a los pequeños productores para que puedan cambiar sus prácticas agrícolas, de lo contrario, serán empujados a actividades como el cultivo de coca o la minería ilegal que agravarán el problema. Esta es una tarea en que tienen un rol esencial el Estado, y las propias organizaciones de productores.
