Por: Patricia Teullet, Ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(Agraria.pe) En su libro recientemente, Agro La gran apuesta del Perú, Gabriel Amaro nos detalla los logros del sector agroexportador: 400 mil empleos formales generados en las zonas rurales y casi un millón de empleos en el agro y la agroindustria. Explica cómo la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, promulgada en 2000 (y lamentablemente derogada en 2020), fue el paso necesario para convertir un sector caracterizado por bajos niveles de inversión, poca productividad y pobreza, en un sector dinámico y el segundo mayor exportador después de la minería. Por su impacto en la economía familiar de los pobladores antes en situación de pobreza, es que Amaro llama a la Ley de Promoción Agraria “el mejor programa social creado por un gobierno”.
Nos explica que no solo la ley fue importante, sino también lo fue el programa de estabilización, el marco constitucional que alentaba y promovía la inversión privada, la creación de instituciones claves para el desarrollo del sector y los acuerdos comerciales suscritos por el país que abrieron los grandes mercados para nuestras exportaciones y también la institucionalidad en el sector privado.
Gracias a la apuesta que hizo el Perú por el sector agrario se han podido atacar diversos problemas, como la informalidad, la pobreza extrema en las zonas rurales, el centralismo, la falta de oportunidades para jóvenes y mujeres, la poca productividad agrícola, el bajo nivel de exportaciones y la escasa inversión privada en las zonas rurales.
Ahora, el Perú se ha convertido en el décimo primer exportador de frutas y hortalizas más importante del mundo.
Pero los peruanos no podíamos “resignarnos” a hacer las cosas bien. No solo se derogó la Ley de Promoción Agraria y se tomaron decisiones que afectan la institucionalidad y las inversiones. Después de años de luchar y negociar, la empresa Cobra, a cargo de la ejecución del proyecto Majes Siguas II, decidió declarar la caducidad del contrato ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno Regional de Arequipa. Ni siquiera con los buenos oficios de la oficina de destrabe del MEF se pudo sacar adelante el proyecto que incorporaría más de 38 mil hectáreas a la agricultura moderna.
El costo para el país no será el monto que la empresa demande pagar al Estado ante un tribunal arbitral, sino los más de 100 mil empleos directos y 150 mil empleos indirectos que se dejarán de generar, la pérdida en exportaciones que traerán divisas y la pérdida en recaudación que representa ingresos para el fisco.
Por eso es importante el gran llamado a la reflexión que Gabriel Amaro, con diversas historias reales, nos hace en su libro. La agricultura moderna ya demostró lo que puede aportar al país. Realmente es una apuesta que vale la pena seguir haciendo.
Fuente: Perú 21
