El video relata la experiencia de comunidades de los cuatro países miembro de la Comunidad Andina (CAN) en el desarrollo de negocios ambientales.
Por: Ani Lu Torres Lam
Lima, 25 de marzo 2013 (Agraria.pe) Con el propósito de destacar las riquezas naturales de la Amazonía, sus retos y oportunidades, la Comunidad Andina (CAN) junto al Ministerio del Ambiente de Perú, presentó el jueves pasado el documental “Amazonía nuestra, un deber que nos toca”.
El video, que sería proyectado en los cines limeños en las próximas semanas, expone el beneficio socioeconómico que han conseguido distintas comunidades de la macro región amazónica de los países de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, como parte de la estrategia de conservación de los bosques de la CAN.
En el caso de la comunidad del Bosque Madidi en Bolivia, la CAN financió asesorías para hacer sostenible la caza de lagartos y evitar la depredación de esa especie, explicó Santiago Cembrano, director general de la CAN en Perú.
“En Ecuador, la comunidad de San Antonio está produciendo shampoo y cremas a base de palma. En la comunidad Pacaya Samiria (de la Reserva Nacional homónima, en Loreto) promovió la creación de una reserva de la tortuga taricaya. Para esto, cuentan con un plan estratégico de liberación del 70% del criadero y el 30% lo comercializan, son ejemplos claros que se muestran en el video”, añadió.
La estrategia de la CAN busca incluir a todos los actores de las cadenas productivas desarrolladas en los bosques, para mejorar la distribución de los ingresos y generar ganancias equitativas. El programa se implementó en 2012 y durará hasta junio próximo, cuando se espera acceder a nuevas líneas de financiamiento por parte del Gobierno de Finlandia, su principal patrocinador.
DATO
- En Colombia, los boques ocupan 4.388 km2 y son hogar de 62 etnias indígenas. No obstante, unas 112 mil hectáreas (1.120 Km2) son deforestadas a raíz del conflicto armado. Dicha extensión no incluye el impacto sobre la Amazonía por el desarrollo de obras de infraestructura, extracciones ilegales, la presión de las migraciones y la minería ilegal. Para frenarla, consolidarán un área de más de 3 millones de hectáreas (30.000 km2), fortaleciendo la gobernanza y promoviendo actividades sostenibles y amigables con el ambiente. Para ello, el gobierno de Noruega aportará US$50 millones.
