Ecuador prohíbe el Clorpirifos y otorga plazo para declarar inventarios  

(Agraria.pe) En un movimiento regulatorio de alto impacto para la agricultura del país norteño, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) emitió una resolución que prohíbe formalmente la importación y el registro del insecticida Clorpirifos (Chlorpyrifos).

La medida, publicada el 19 de mayo último, establece un plazo perentorio de diez días para que todos los titulares de registro, importadores, fabricantes, formuladores, distribuidores y comercializadores de la molécula presenten un inventario detallado de sus existencias ante la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del vecino país.

Adicionalmente, las empresas de la cadena de valor química están obligadas a consignar un plan estructurado de gestión y disposición final. Esto implica diseñar la estrategia logística y técnica mediante la cual se dará de baja, retirará o destruirá el plaguicida de manera segura, evitando riesgos de contaminación ambiental o comercial de conformidad con los estándares internacionales.

Los vacíos de la norma: Incertidumbre en predios y agroexportación
Para Alex Bustos Guerra, líder de GreenControl-LA, la celeridad del dictamen deja en el aire varias interrogantes técnicas y operativas que preocupan directamente a los productores y exportadores:

• El limbo en las fincas: "Lo que no está explícitamente indicado es qué pasa con los inventarios que tienen los productores en fincas", señala Bustos Guerra, advirtiendo que el control de Agrocalidad se enfoca en los canales formales de distribución pero deja desprotegido el remanente de producto que ya fue adquirido por el agricultor antes de la prohibición.
• El riesgo de trazas en aduanas: La segunda alerta crítica apunta a la seguridad comercial de las agroexportaciones ecuatorianas. El gerente general cuestiona qué sucederá si, a partir de la vigencia de la norma, un mercado internacional emite una alerta por presencia de Clorpirifos en una fruta o vegetal de exportación, dado que legalmente el uso de la molécula ya se asume como proscrito dentro del territorio ecuatoriano.
• Fiscalización frente al mercado negro: Bustos pone sobre la mesa el escenario del desacato normativo, planteando la interrogante sobre cuáles serán las consecuencias y mecanismos de sanción si las empresas o pequeños productores continúan aplicando el insecticida en el campo a pesar de la prohibición estricta de importación y comercialización.

Esta restricción en Ecuador se alinea con una tendencia global de retiro de organofosforados debido a presiones de los mercados de destino (como la Unión Europea y Estados Unidos), lo que obliga a la agroindustria regional a migrar de forma acelerada hacia alternativas biológicas o moléculas de menor impacto residual.