En el Perú tenemos una peligrosa costumbre: sabemos que el desastre puede venir, conocemos muchas de las zonas vulnerables, identificamos los puntos críticos y, sin embargo, cuando finalmente ocurre volvemos a llamarlo emergencia. El fenómeno El Niño es probablemente la expresión más clara de esta contradicción. Cada vez que aparecen las primeras alertas comienza la misma carrera: reuniones multisectoriales, declaratorias, transferencias presupuestales, alquiler de maquinaria, limpieza de ríos, intervención de quebradas y anuncios de obras. Todo ello puede ser necesario, pero seguimos preparándonos para El Niño como si fuera una sola emergencia, cuando en realidad produce impactos muy distintos y exige respuestas igualmente diferenciadas.
El Niño puede significar inundaciones en Piura, activación de quebradas en La Libertad, deslizamientos y aislamiento en la sierra, erosión fluvial en Loreto, pérdida de bocatomas y canales, destrucción de cultivos, colapso de carreteras, interrupción de servicios básicos y emergencias sanitarias. No estamos frente a un solo problema. Estamos frente a varios problemas que se desencadenan sobre territorios distintos. Por eso, la pregunta correcta no debería ser simplemente cuánto hemos destinado para enfrentar El Niño, sino qué daño concreto queremos evitar, dónde puede ocurrir, quién está expuesto y quién debe actuar antes de que suceda.
Hay una decisión que debería ocupar el primer lugar y que, precisamente por su costo político y social, suele postergarse: recuperar los cauces, quebradas, fajas marginales y zonas de muy alto riesgo que han sido ocupadas por población. Hay que decirlo con claridad. Cuando una familia vive donde técnicamente sabemos que volverá a pasar una avenida extraordinaria, no podemos seguir fingiendo que la solución permanente consiste en colocar sacos de arena, levantar defensas provisionales o enviar maquinaria cada vez que empieza a llover. No se trata de desalojar indiscriminadamente. Se trata de distinguir aquello que puede protegerse razonablemente de aquello que ya no puede seguir siendo ocupado sin poner vidas en peligro. Cuando el riesgo es mitigable, corresponde proteger. Cuando no lo es, la prevención real consiste en reasentar de manera ordenada y recuperar el espacio para el río.
En muchos lugares seguimos actuando como si el cauce fuera una franja disponible mientras está seco y como si el río invadiera la ciudad cuando recupera su espacio durante una avenida. En demasiados casos sucede exactamente lo contrario: primero ocupamos el espacio natural del agua y luego tratamos de contenerla. Piura nos ha dado lecciones demasiado costosas sobre ello. Se reconstruye, se descolmata, se levantan defensas y se anuncian nuevas inversiones, pero la pregunta de fondo sigue siendo cuánto riesgo estructural hemos eliminado antes de la siguiente temporada. La prevención no debería medirse solo por millones ejecutados, kilómetros intervenidos o maquinaria movilizada, sino por riesgo efectivamente reducido.
Algo parecido ocurre con la descolmatación. En la costa norte hemos convertido esa palabra casi en sinónimo de prevención. Y hay lugares donde retirar sedimentos, residuos u obstáculos es indispensable, pero un río no es una zanja que simplemente debe profundizarse. Es un sistema hidráulico. Lo que se modifica aguas arriba puede tener consecuencias aguas abajo. Una intervención puede cambiar velocidades, erosión y sedimentación, e incluso trasladar el problema hacia otro punto. Por eso importa menos cuántos kilómetros se limpiaron que cuántos puntos críticos dejaron realmente de representar una amenaza.
La lógica vuelve a cambiar cuando hablamos de quebradas, deslizamientos o territorios amazónicos. Una quebrada seca puede transformarse en minutos y arrastrar agua, barro, piedras y árboles. En la sierra, una lluvia intensa puede destruir pequeños puentes, cortar caminos vecinales, afectar canales y aislar comunidades enteras. En la Amazonía, la inundación y la erosión de los grandes ríos pueden desplazar poblaciones y alterar sus medios de vida. Pretender que todos estos territorios reciban la misma receta sería una equivocación. La prevención debe reconocer que costa, sierra y selva tienen riesgos, culturas, infraestructuras y formas de ocupación distintas.
Ese enfoque territorial debería trasladarse también a la respuesta. Porque aun con una buena prevención habrá emergencias que no podrán evitarse completamente. Y cuando el daño ocurre, el centro de la acción pública debe ser la persona. Una familia que pierde su vivienda o queda aislada necesita agua segura, atención médica, alimentos, medicamentos, un lugar donde dormir y una respuesta rápida. No necesita conocer qué sector presupuestal financiará la reconstrucción.
Por eso la preparación debe incluir brigadas de salud organizadas por distritos, establecimientos que sepan cómo operar en contingencia, medicamentos previamente disponibles, rutas de evacuación, agua segura, albergues y capacidad para atender a niños, adultos mayores, gestantes, personas con discapacidad y pacientes que requieren tratamientos continuos. La emergencia sanitaria empieza muchas veces antes de que aparezca la enfermedad: comienza cuando una población pierde agua potable, desagüe, alimentos seguros o acceso a un centro de salud.
Aquí los gobiernos locales tienen una responsabilidad que no puede sustituirse desde Lima. La municipalidad distrital es muchas veces quien mejor conoce qué sectores pueden inundarse, qué comunidades pueden quedar aisladas, dónde viven las familias más vulnerables, qué caminos alternativos existen y dónde podría instalarse un albergue. El Gobierno Nacional puede movilizar recursos, y el gobierno regional puede coordinar capacidades importantes, pero las primeras horas suelen depender de quienes ya están en el territorio. Por eso fortalecer una verdadera capacidad distrital de primera respuesta debería ser una prioridad nacional.
Lo mismo ocurre con la maquinaria. No basta con anunciar cuántas excavadoras, cargadores o retroexcavadoras tiene una institución. La pregunta es dónde estarán cuando ocurra el evento, para qué tipo de impacto fueron previstas, quién las operará, con qué combustible y por qué ruta llegarán. Una máquina ubicada a cientos de kilómetros puede ser útil en el inventario y prácticamente inexistente durante las primeras horas de una emergencia. La planificación debería anticipar esos problemas, no descubrirlos cuando el puente ya colapsó.
En el agro, además, una hectárea afectada no representa solamente una superficie perdida. Detrás de ella hay una campaña agrícola, una inversión, una deuda, jornales, transporte, proveedores y el ingreso de una familia. Cuando un productor pierde una campaña, la emergencia continúa mucho después de que el agua retrocedió. Recuperar bocatomas, canales, caminos rurales, ganado y capacidad productiva debe ser parte de la respuesta, porque reconstruir infraestructura sin recuperar los medios de vida deja a la población formalmente atendida, pero económicamente destruida.
El problema de fondo es que durante años hemos perfeccionado una verdadera cultura de la emergencia. Cuando aparece el peligro, convocamos autoridades, transferimos presupuesto, alquilamos maquinaria, distribuimos ayuda y reconstruimos. Todo eso genera actividad y también visibilidad política. La prevención, en cambio, ocurre antes de las cámaras. Reubicar una familia antes de una tragedia genera menos titulares que rescatarla durante una inundación. Impedir una ocupación en una quebrada produce más conflicto que repartir ayuda después del huaico. Mantener un drenaje cuando está seco es menos visible que enviar maquinaria cuando la ciudad ya está bajo el agua.
Pero allí está precisamente la diferencia entre gobernar el riesgo y administrar el desastre.
El Niño volverá. No podemos impedirlo. Lo que sí podemos impedir es que cada vez encuentre las mismas viviendas en los mismos cauces, las mismas quebradas ocupadas, los mismos puentes vulnerables, los mismos centros de salud desabastecidos y las mismas instituciones improvisando cuando el daño ya ocurrió.
La pregunta que debería ordenar toda la política pública es sencilla y mucho más exigente: ¿qué daño concreto estamos evitando, en qué territorio, a quién estamos protegiendo, cómo lo atenderemos si resulta afectado y quién responderá si no se actuó a tiempo?
Ese cambio no es menor. Significa dejar de administrar periódicamente una emergencia llamada El Niño y comenzar, finalmente, a gobernar los riesgos que lo convierten en desastre.
