La crisis en la gestión de los proyectos de riego en el Perú es evidente y grave. A pesar de las cuantiosas inversiones públicas, muchas obras no cumplen con los objetivos propuestos ni garantizan su sostenibilidad en el tiempo. Urge revertir esta situación mediante un enfoque responsable y el uso de efectivas herramientas de gestión.

Cuando hablamos de un proyecto de inversión, nos referimos a la construcción de un activo que genera bienes o servicios. Por definición, todo proyecto implica el compromiso de recursos económicos, y su ejecución debe estar justificada por el retorno que ofrece. En el caso de las obras de riego, ese retorno debe ser aún más claro, ya que se trata de bienes públicos altamente sensibles financiados con recursos del Estado. Para determinar su viabilidad, el análisis costo-beneficio o costo-efectividad son metodologías que se utilizan para medir su pertinencia.

En el sector privado, la rentabilidad se mide en términos estrictamente monetarios. En cambio, en el sector público, los retornos pueden ser tanto económicos como sociales, y deben evaluarse en función del impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. En el ámbito agrario, donde predominan pequeños productores con escasos recursos, es común que no puedan financiar las obras de riego, pese a los beneficios esperados. En estos casos, el Estado asume el rol de inversor, con la expectativa de que el acceso al agua y la asistencia técnica permitan mejorar la productividad y reducir la pobreza. Si estos resultados se alcanzan, puede considerarse una forma de “pago por resultados”; de lo contrario, la inversión pierde sentido.

Aunque los usuarios no retribuyan monetariamente la inversión inicial, al menos debería asegurarse la sostenibilidad financiera de la fase de operación y mantenimiento de las obras. Sin embargo, la falta de una gestión técnica y responsable hace que muchas infraestructuras pierdan su capacidad operativa, en distintas dimensiones, en pocos años. Esto afecta a reservorios, canales, cochas y drenes en todo el país, generando un círculo vicioso de abandono y reconstrucción que agota los recursos públicos.

La situación se vuelve aún más preocupante con la reciente presentación de una cartera de inversiones por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que contempla más de 24 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura. Este anuncio debe obligar a revisar objetivamente la sostenibilidad de los grandes proyectos ejecutados hasta ahora en la costa peruana, para evitar repetir errores del pasado. En realidad, deben revisarse todos los proyectos de riego y formular una estrategia de sostenibilidad dado lo trascendente del tema, y bajo la amenaza del cambio climático.

Proyectos como Majes Siguas (Arequipa), Chavimochic (La Libertad), Olmos (Lambayeque) y Chira (Piura) se ejecutaron mediante diversas modalidades de inversión: pública, asociaciones público-privadas, etc. Hoy toma cuerpo la discutible modalidad de gobierno a gobierno.

De los 4 proyectos mencionados, solo está pendiente la ejecución de la Fase 3 de Chavimochic. La administración de estos proyectos ha estado a cargo de los GOREs, pero fueron concesionados (salvo Majes 1, Olmos, Chira y Chavimochic). La estrategia general consideraba que el retorno económico debería cubrir tanto las fases de inversión como de operación y mantenimiento de los proyectos.

Seguidamente se presenta el cuadro N°1 con algunos datos generales de los proyectos en mención

Cuadro N° 01. Proyectos de Irrigación en la Costa Peruana

Fuente: INADE, Tomado de “Perú Económico" Vol. XVII julio 1994.

(*) = Inversión ejecutada con respecto a la inversión.

Para conocimiento del “estado de arte” de estos proyectos es necesario conocer en detalle la fuente y los usos de las trasferencias que reciben de parte de los gobiernos regionales para la gestión de éstas; así también saber lo que captan las empresas que tienen en concesión las obras, ya que ahora resulta que los proyectos en mención están significativamente dañados y requieren una nueva inversión. Y quien va a asumir el papel de “bombero” es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es decir, todos los peruanos.

En el siguiente cuadro N°02 se presenta el presupuesto que cada GORE asigna a los mencionados proyectos. De 529 millones de presupuesto asignado el 2024, se observa que solo 119 millones son ingresos por recursos directamente recaudados (el diferencial son transferencias del gobierno central). En cada caso, las transferencias son significativamente más altas que los ingresos propios. Un análisis más fino, pero necesario, debería explicar la racionalidad, realidad financiera y cumplimiento de los compromisos de los mencionados proyectos.

Cuadro N° 02. Gasto Público en Proyectos de Irrigación de la Costa

Fuente: Consulta Amigable – MEF

Última actualización: 06 de abril de 2025.

* FONCOR: Fondo de Compensación Regional

*18: Recursos Determinados: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Casos emblemáticos que reflejan la crisis:

• Majes Siguas I: Mas de 30 años de operación; requiere inversiones adicionales para reparar los daños acumulados, entre ellos la red de túneles y el canal de conducción. La solución de estos problemas es condición para avanzar con la fase II del proyecto.
• Olmos Tinajones: Administrado por la filial de Odebrecht, H2O. El proyecto presenta un reservorio colmatado después de dos décadas de operación. Actualmente, se solicita al Midagri financiamiento para la limpieza, mejora y encimado de la presa Limón; a eso debe incluirse la construcción de defensas ribereñas en el cauce donde se descarga las aguas de la presa. Actualmente, el GORE ha denegado transferir el proyecto al Midagri.
• Chira Piura: La presa Poechos debe ser optimizada y descolmatada, pero además de ello, debe evaluarse como optimizar el uso del agua. Cambiar el arroz por otro cultivo o mejorar usando una variedad menos exigente de agua podría ser recomendable. También se debe promover el uso de riego tecnificado y mejorar la red de infraestructura hidráulica.
• Chavimochic: El concesionario Odebrecht, para variar, estafó al Estado, abandonando la obra y generando una disputa legal. El gobierno ha tenido que asumir la culminación del proyecto bajo la modalidad de gobierno a gobierno, encareciéndose la inversión. Además, parte de las tierras han sido invadidas, afectando la posibilidad de la venta de tierras para recuperar la inversión.

Una peculiaridad en estos casos es que los gobiernos regionales administran los proyectos cuando están en funcionamiento regular; sin embargo, cuando surgen problemas financieros o técnicos, transfieren la responsabilidad al Midagri. Una vez que el Estado resuelve los inconvenientes, los gobiernos regionales vuelven a exigir, sin rubor, que se les devuelva la gestión.

Este ciclo de improvisación y falta de responsabilidad no puede continuar. El problema de la mala gestión de los proyectos de riego es una metástasis que afecta a la red de agua en todo el Perú. Esta pueda ser una oportunidad para evaluar la gestión del agua en forma integral. Analizar la sostenibilidad, confrontar costos y roles. Precisar y mejorar el rol del Midagri, de la ANA, de las DRAs y el de las Juntas de Regantes, sobre los cuales hay muchas historias, generalmente negativas. El trabajo efectivo con estas últimas es decisivo dada su magnitud y rol: son 124 Juntas de usuarios, 1681 Comisiones de Usuarios y 8200 Comités de Usuarios.

De acuerdo con el cambio de época y considerando el desarrollo exponencial de la infraestructura de riego, como podemos ver en la República de China, entre otros países, es importante para el futuro del país que nuestros profesionales capten y asuman nuevos conocimientos (diseños, materiales, equipos, gestión, etc.). Esto debe suponer también elaborar un plan mínimo para avanzar.  De ser así, los proyectos futuros serán más económicos, resilientes y modernos que los actuales.

Se necesita un cambio de paradigma. La gestión de proyectos de riego debe incorporar una visión empresarial, no para generar lucro, sino para asegurar eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Entregar una obra no es suficiente: hay que garantizar su adecuada operación y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Solo así, el país podrá romper con la lógica del gasto sin resultados y avanzar hacia un verdadero desarrollo agrario con impacto social duradero.