La inversión pública peruana comprende dos grandes etapas institucionales. El Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como SNIP, fue creado mediante la Ley N.º 27293, publicada el 28 de junio de 2000. Posteriormente, Invierte.pe fue creado mediante el Decreto Legislativo N.º 1252, publicado el 1 de diciembre de 2016, y entró en vigencia el 24 de febrero de 2017. El cambio de sistema mantuvo una tarea fundamental: transformar necesidades de la población en inversiones que produzcan servicios efectivos.

Las bases nacionales examinadas del Ministerio de Economía y Finanzas contienen 626.009 inversiones, registradas entre 2001 y 2026. De ellas, 319.946 corresponden al SNIP —51,1 %— y 306.063 a Invierte.pe —48,9 %—. Es un universo histórico que incluye inversiones activas, cerradas y desactivadas. No representa 626 mil obras en construcción.

Para interpretar esta cartera es necesario distinguir sus categorías. Inversión es el término general. Un proyecto de inversión busca crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de prestar un servicio público. Una IOARR interviene específicamente sobre activos de una unidad que presta servicios, mediante optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición. Un programa de inversión articula intervenciones complementarias para obtener beneficios que no se alcanzarían ejecutándolas aisladamente.

Crear un sistema de agua puede corresponder a un proyecto; reponer un equipo estratégico de un establecimiento de salud puede ser una IOARR, si cumple las condiciones técnicas aplicables. El mantenimiento rutinario pertenece a otra categoría de gasto. Asimismo, la viabilidad de un proyecto no garantiza que recibirá financiamiento ni que comenzará a ejecutarse inmediatamente.

En el universo histórico, 150.703 inversiones figuran como activas —24,1 %—; 119.446 como cerradas —19,1 %—; 251.992 como desactivadas permanentemente —40,3 %—; y 103.868 como desactivadas temporalmente —16,6 %—.

“Activa” no significa necesariamente “en ejecución”. Una inversión puede estar en preparación, esperar presupuesto, ejecutarse, enfrentar una interrupción o tener trámites pendientes de cierre. Una inversión cerrada tiene registrado su cierre, pero este puede corresponder a una intervención culminada o a otra cuya continuidad se descartó. Por ello, ninguna de estas etiquetas permite conocer, por sí sola, cuántos servicios funcionan.

La desactivación temporal puede requerir actualización y reactivación. La permanente restringe la continuidad conforme a las causales aplicables; los criterios de 2026 contemplan evaluaciones excepcionales de reactivación. Estas condiciones tampoco demuestran que no hubo gasto o que desapareció la necesidad pública.

La composición por monto revela una cartera con numerosas inversiones de menor costo y una fuerte concentración económica en las de mayor monto. De las 150.703 inversiones activas, 118.647 tienen un costo actualizado positivo inferior a S/ 5 millones: representan el 78,7 % del número de inversiones, pero solamente el 11,2 % del costo total. Dentro de este grupo, 66.863 registran montos inferiores a S/ 1 millón. En el otro extremo, 2.966 inversiones de S/ 50 millones o más representan apenas el 2 % de las activas y concentran el 60,7 % del costo actualizado. Estos rangos se utilizan para analizar la cartera y no constituyen una clasificación normativa.

Esta distribución exige respuestas diferentes. Gestionar numerosas inversiones de menor monto demanda asistencia técnica cercana, coordinación territorial y seguimiento de miles de expedientes, contrataciones y compromisos. Las inversiones de mayor monto requieren equipos especializados y una conducción acorde con su complejidad y exposición financiera. El costo, sin embargo, no determina por sí solo la dificultad de ejecución ni la importancia social: una intervención de menor monto puede ser decisiva para una comunidad alejada y enfrentar serios obstáculos de acceso, contratación u operación. La gestión debe diferenciarse según monto, complejidad, ubicación y capacidad de la entidad responsable.

También importa la distribución institucional. Los gobiernos locales concentran 124.425 inversiones activas —82,6 %—, según el nivel registrado en la base. Este dato exige examinar si las responsabilidades asignadas guardan relación con los equipos, recursos y apoyos disponibles. La descentralización de responsabilidades necesita una articulación efectiva con los gobiernos regionales y las entidades nacionales.

El problema central debe analizarse como un proceso de transformación. Primero se identifica una necesidad y se destinan recursos a formular una solución. Después se evalúa, prioriza y prepara la inversión; se organiza su financiamiento y contratación; se ejecutan sus componentes; y se entrega la infraestructura o el equipamiento a quienes deben operarlos.

Los estudios, expedientes, presupuesto y trabajo técnico son insumos. Las obras y equipos entregados son productos. El acceso efectivo al agua, la atención de salud o la reducción del tiempo de transporte son resultados. Una gestión que se evalúa principalmente por registros y porcentajes de gasto puede mostrar actividad administrativa sin demostrar todavía beneficios para la población.

Las cifras disponibles permiten observar registros y ejecución financiera, pero no calcular qué proporción de toda la cartera terminó prestando servicios adecuados. Por tanto, la distancia entre insumos y resultados todavía no puede expresarse en un único porcentaje nacional. Lo que sí puede medirse es la amplia separación entre la cartera activa, su financiamiento anual y su actividad financiera.

De las 150.703 inversiones activas, solamente 46.285 tienen presupuesto positivo en 2026. Las restantes 104.418 —69,3 %— carecen de presupuesto institucional modificado positivo ese año. No todas deben financiarse simultáneamente, pero una cartera de esta dimensión necesita un orden de prioridad comprensible, una perspectiva financiera y decisiones explícitas sobre su continuidad.

Formular iniciativas sin vincularlas suficientemente con esa programación puede producir estudios que envejecen, expedientes que requieren actualización y expectativas que permanecen sin respuesta. La formulación consume recursos públicos y tiempo de profesionales y comunidades. Su utilidad debe evaluarse también por su capacidad de conducir a una solución ejecutable.

El registro de una inversión no debe presentarse ante la población como una promesa de ejecución cuando todavía no existen condiciones para sostenerla. Para los pueblos alejados, un proyecto de agua, salud o conectividad representa una posibilidad concreta de mejorar su vida. Mantener esa expectativa durante años sin explicar prioridades, obstáculos y alternativas constituye una deficiencia de gestión y de rendición de cuentas.

La actividad financiera muestra otra separación. Al corte, 117.665 inversiones activas —78,1 %— no presentan devengado positivo en 2026. Algunas pueden estar legítimamente en preparación o tener gasto anterior. Sin embargo, reunirlas bajo una sola etiqueta impide distinguir con claridad cuáles avanzan, cuáles esperan recursos y cuáles permanecen detenidas por decisiones pendientes. Dolorosa espera.

El presupuesto modificado de la cartera activa suma S/ 65.252,5 millones y el devengado alcanza S/ 37.328,4 millones: una ejecución del 57,2 %. Quedan S/ 27.924,0 millones sin devengar al corte. Este saldo debe contrastarse con los cronogramas antes de calificarlo como atraso. Aun con esa precaución, obliga a examinar la correspondencia entre asignación presupuestal, preparación técnica y capacidad de ejecución.

La crítica a la falta de articulación debe concentrarse precisamente en esas transiciones. Formular, presupuestar, contratar, ejecutar y operar involucra distintas unidades y entidades. Cuando cada una cumple su trámite sin asegurar las condiciones que necesita la siguiente, la inversión puede avanzar administrativamente y detenerse en la práctica. La responsabilidad por el resultado se diluye entre oficinas.

Asignar presupuesto sin resolver oportunamente expedientes, terrenos, permisos, contratación o condiciones de operación traslada problemas de preparación a la ejecución. Exigir después un mayor porcentaje de gasto no corrige esa ruptura. La articulación debe producir acuerdos verificables: quién resuelve cada condición, con qué recursos y dentro de qué plazo.

La dimensión territorial también exige coordinación. Las necesidades de una población pueden requerir intervenciones complementarias de distintos sectores y niveles de gobierno. Cuando cada entidad programa aisladamente, existe el riesgo de financiar componentes cuya utilidad depende de otros que siguen pendientes. Estos casos deben identificarse y comprobarse; los agregados disponibles no permiten cuantificar su incidencia nacional.

La persistencia de cartera heredada refuerza la necesidad de decisiones. Todavía figuran como activas 21.359 inversiones del SNIP; de ellas, 17.082 —80,0 %— no tienen presupuesto positivo en 2026. La antigüedad no demuestra abandono, pero exige revisar pertinencia, actualizaciones, gasto previo y situación efectiva. Mantener un registro durante años no constituye una política de continuidad seria.

Las desactivaciones temporales y permanentes suman 355.860 inversiones: el 56,8 % del universo histórico. Esta magnitud demanda explicar qué ocurrió con las iniciativas y con el esfuerzo destinado a prepararlas. No corresponde calificarlas todas como fracasos o dinero desperdiciado. Se necesitan sus causales, gastos y posibles sustituciones.

Tampoco conocemos todavía qué porcentaje perdió vigencia ni cuánto del trabajo realizado dejó de ser aprovechable. Esa ausencia limita la evaluación de la eficiencia de la formulación. Pero la revisión debe incluir otra pregunta: ¿qué decisión se tomó para atender la necesidad que originó cada inversión desactivada? Desactivar un registro no resuelve una carencia de agua, salud, educación o conectividad.

El costo actualizado total de la cartera activa asciende aproximadamente a S/ 1.363.772 millones. No es una cuenta íntegra pendiente de pago ni la brecha nacional de infraestructura. Para estimar necesidades financieras deben conciliarse ejecución acumulada, costos pendientes y recursos previstos. Las brechas de servicios requieren indicadores de cobertura y calidad.

Frente a estos hallazgos, la primera recomendación es reconstruir la situación efectiva de la cartera. Cada inversión activa debería identificarse según su preparación, ejecución, interrupción o culminación pendiente de cierre, conservando una categoría para los casos sin información suficiente. La revisión debe registrar el próximo paso, el impedimento, el responsable y el plazo para resolverlo.

La segunda es organizar prioridades territoriales y sectoriales compatibles con los recursos disponibles. La selección debe considerar la gravedad de la necesidad, la población sin atención, la complementariedad entre intervenciones, la preparación y los costos de operación. Las localidades con menor capacidad técnica necesitan apoyo para que esa debilidad no se convierta en una desventaja permanente para acceder a inversión.

La tercera es vincular cada prioridad con una programación financiera y operativa creíble. Antes de incorporar nuevas inversiones deben hacerse visibles los compromisos de las que están en marcha y las condiciones para culminarlas. Las nuevas necesidades deben evaluarse dentro de ese conjunto, evitando que la apertura de iniciativas desplace sin explicación soluciones previamente comprometidas.

La cuarta es establecer una conducción efectiva entre entidades. Los acuerdos de articulación deben identificar responsabilidades, dependencias y mecanismos para resolver obstáculos. Una reunión de coordinación solo produce valor cuando modifica las condiciones que detienen una inversión. El seguimiento debe comprobar el cumplimiento de los acuerdos y activar decisiones cuando los plazos vencen.

La quinta es ofrecer asistencia técnica sostenida y diferenciada. Las municipalidades con numerosas intervenciones pequeñas pueden requerir equipos compartidos y apoyo regional o nacional para formular, preparar contrataciones y supervisar. Las inversiones grandes necesitan seguimiento especializado por su complejidad y peso económico. La asistencia debe fortalecer capacidades y acompañar decisiones hasta resolver dificultades.

La sexta es revisar las inversiones antiguas, desactivadas o sin movimiento mediante decisiones documentadas. Debe establecerse qué estudios pueden aprovecharse, cuáles requieren actualización y qué alternativas atenderán las necesidades pendientes. El gasto previo no justifica ejecutar una solución que perdió pertinencia; tampoco debe descartarse información útil sin evaluar su posible reutilización.

La séptima es rendir cuentas ante las comunidades sobre el destino de sus iniciativas. La información debe distinguir entre registro, evaluación, priorización, financiamiento y ejecución. Cuando una inversión no pueda continuar, corresponde explicar las razones y la ruta propuesta para atender la necesidad. La participación ciudadana debe aportar al diagnóstico, la priorización y la vigilancia de compromisos verificables.

Finalmente, el control debe llegar hasta el funcionamiento del servicio. Una obra culminada necesita operador, personal, mantenimiento y recursos. La evaluación debe verificar cobertura, calidad y continuidad, y explicar las diferencias respecto de los beneficios previstos.

Los hallazgos no prueban que todas las entidades gestionen de manera desordenada. Sí justifican una crítica firme a la acumulación de iniciativas cuando no existe una articulación visible entre prioridades, preparación, financiamiento y ejecución. Una cartera extensa exige una capacidad de conducción igualmente exigente.

Para una comunidad que espera agua, atención de salud o una vía transitable, el resultado relevante es que el servicio llegue y funcione. La responsabilidad pública comienza al identificar esa necesidad y continúa hasta atenderla. Ordenar la cartera debe permitir que el esfuerzo técnico y presupuestal se convierta en beneficios, y que las expectativas de los pueblos estén respaldadas por decisiones que el Estado pueda cumplir.

Por esta y otras razones de cumplimiento y de prestación de servicios, el sistema de inversión publica debe sincerarse y transformarse, Según el director del Banco Mundial, el 50% de los proyectos de inversión de los últimos 10 años están trabados. Toda una desgracia.