La Defensoría del Pueblo constató graves deficiencias en 38 oficinas dedicadas al control forestal
Por: Francis Cruz
Lima, 21 jul (Agraria.pe) La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, alertó sobre las consecuencias de la deforestación y la degradación en el Perú, que hace que cada año se pierdan en el país unas 150 mil hectáreas (Has) de bosques, área equivalente a diez veces la superficie de la Provincia Constitucional del Callao, indicó.
En la presentación del Informe Nº 151, titulado La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad, argumentó que la pérdida de estos espacios representa más del 42% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, los cuales contribuyen al cambio climático global.
Los bosques son importantes porque constituyen el sustento de las comunidades nativas y están vinculados a su identidad. Ahí se encuentra gran parte de la biodiversidad que identifica al Perú en el cuarto lugar del mundo en este rubro. Además, los bosques aportan importantes servicios ambientales vinculados con el agua y el suelo, destacó.
Serias deficiencias
Este Informe Nº 151 se ha llevado a cabo supervisando un total de 81 oficinas pertenecientes al Ministerio de Agricultura (MINAG) al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, y a ocho Gobiernos Regionales ubicados en el ámbito de la Amazonía (Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali).
Según la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de estas 81 oficinas, 38 están dedicadas al control forestal, las cuales cuentan, en promedio, con tres integrantes.
El resultado para Merino es deficiente, pues sostuvo que sólo tres de ellas declararon poseer camionetas en buen estado, y sólo una mantiene un bote operativo. Esto revela las debilidades de la institucionalidad forestal subsistentes.
Participación de comunidades nativas
Por su parte, Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, apremió al Congreso de la República priorizar el debate de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre presentada por el Poder Ejecutivo.
Propuso, además, incorporar a dicho proceso medidas orientadas a asegurar la participación de los principales actores, en particular los pueblos indígenas.
Para Lanegra, la nueva Ley debe elevar el nivel jerárquico de la Autoridad Nacional Forestal dentro del Poder Ejecutivo, así como adscribir el sub sector Forestal al Sector Ambiente.
La Defensoría del Pueblo está recomendando, tanto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como al MINAG, la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, señaló.
La institución también considera imprescindible la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia forestal respecto de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Huánuco, Junín y Pasco, así como la transferencia de los recursos necesarios a los Gobiernos Regionales para el debido sostenimiento de las nuevas funciones que han asumido en materia forestal.
