En el debate sobre cómo promover el desarrollo nacional, se suele priorizar el binomio de la inversión pública y la inversión privada como motores fundamentales del crecimiento. Sin embargo, la experiencia demuestra que este enfoque, aunque necesario, resulta insuficiente para responder a los desafíos estructurales que enfrenta nuestro país.
Las ciudades, pueblos y servicios públicos requieren de nuevos activos, los existentes necesitan mantenimiento u optimización porque se deterioran y descapitalizan gradualmente, y ante eventos extremos, sean terremotos, pandemias o incendios, nuestras respuestas son tardías, desarticuladas y poco eficaces.
En muchos casos, las autoridades nacionales o locales carecen del conocimiento técnico, herramientas adecuadas y apoyo institucional necesarios para actuar con prontitud y eficiencia. En momentos difíciles, la población queda a merced de su propia suerte, con la esperanza —frecuentemente frustrada— de recibir ayuda del Estado o del sector privado.
A esta vulnerabilidad y debilidad estructural se suman dos amenazas crecientes, ambas impulsadas por la acción humana. Por un lado, el cambio climático, originado principalmente por los países industrializados, cuyos efectos —como sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad— impactan de manera desproporcionada a países como el Perú; y por otro lado, enfrentamos un aumento alarmante de los incendios rurales y forestales, provocados en muchos casos por prácticas agrícolas inadecuadas, como la quema de rastrojos.
En el primer caso los efectos ya son visibles en América: incendios devastadores en California, sequías prolongadas en Panamá y Paraguay, fuertes inundaciones en Colombia y una crisis hídrica persistente en el sur de Chile. En el Perú, aunque no se han producido desastres de la magnitud de otros países, no debemos olvidar que, según Naciones Unidas, somos el tercer país más vulnerable del mundo ante el cambio climático. A esto se suman los riesgos sísmicos latentes, que los expertos vienen advirtiendo desde hace décadas.
En el segundo caso, El Perú enfrenta en promedio anual de 3500 alertas e incendios con una tendencia creciente. Las consecuencias no solo significan perdida de activos, impacto ambiental y daño a la salud, sino que atenta contra la seguridad de las comunidades.
En este contexto de alta exposición al riesgo y limitaciones de capital económico para el desarrollo, se vuelve urgente movilizar un recurso estratégico subutilizado: el capital social. Este puede definirse como la capacidad de organización, colaboración y acción colectiva que poseen las comunidades o núcleos sociales para resolver problemas comunes, especialmente en contextos de crisis o emergencia.
Históricamente, muchas comunidades rurales en el Perú han demostrado una notable capacidad de organización, heredada de prácticas ancestrales como el Ayni y la Minka, que permitieron ejecutar obras comunales de gran escala sin depender de financiamiento externo. Sin embargo, estas prácticas se han ido debilitando frente a la urbanización, el individualismo y la fragmentación social.
A pesar de ello, existen ejemplos inspiradores en el Perú y mundo que pueden y deben reeditarse. En una conversación con un profesor peruano que trabajó en zonas rurales de China enseñando castellano, me relató cómo en ese país las comunidades rurales desarrollan semanas intensas de trabajo colectivo —incluyendo municipios vecinos, pobladores y profesionales voluntarios— para transformar completamente un territorio: limpian, construyen, rehabilitan caminos y ejecutan obras públicas a una escala sorprendente. Una versión moderna, masiva y sostenida del Ayni.
Durante la pandemia del COVID-19 también vimos la diferencia que puede marcar el trabajo conjunto entre el Estado y la población. En Perú, con 34 millones de habitantes, fallecieron más de 220 mil personas por el virus; mientras que, en China, con más de 1,400 millones de habitantes, se reportaron alrededor de 120 mil fallecidos. Aunque las cifras pueden estar sujetas a debate, lo cierto es que la diferencia revela un nivel de articulación y disciplina social que en nuestro país aún está por construirse.
Cuando aconteció el fenómeno del Niño en Perú, se constató que municipios provinciales de Calca de Cusco, de Amarilis de Huánuco, a su propio costo, trasladaron productos agrícolas a Lima en calidad de donación para que sean entregados a los afectados de la costa. Los mismo sucedió en el COVID 19, las poblaciones rurales alimentaron a la población urbana y a sus familias residentes en las ciudades que se habían quedado sin acceso a la alimentación. Eso debe premiarse, reconocerse y emularse en todas las regiones del Perú. No hay muchas actividades que generen tanta satisfacción como una acción humana conjunta y solidaria.
Sería una práctica inolvidable, educativa muy provechosa para el Perú que los congresistas y autoridades antes de asumir sus funciones vayan a vivir a una comunidad campesina por una semana para que aprendan lo que es trabajo solidario; a nivel de familia y a nivel de comunidad. Aprenderían más que en los viajes que realizan a Europa o la India; además sus fotos serian más bonitas.
Por tanto, no basta con esperar más recursos del Estado ni con confiar únicamente en la inversión privada. Necesitamos fortalecer, sistematizar y escalar las formas de acción colectiva que aún subsisten en muchas comunidades, especialmente rurales. Para ello, proponemos:
Propuesta: Fortalecimiento del capital social como estrategia nacional de desarrollo
En resumen, el desarrollo del Perú, como la gestión de contingencias, como el cambio climático o los incendios rurales, no solo depende del capital económico, sino de nuestra capacidad para organizarnos, colaborar y construir juntos un futuro resiliente. Invertir en capital social no es solo una estrategia de bajo costo y alto impacto, sino una vía para recuperar el sentido de comunidad que alguna vez fue el corazón de nuestro país.
