Por: Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura
(Agraria.pe) Se afirma que el agroexportador ya no necesita incentivos y que mantener la tasa reducida del impuesto a la renta representa una carga fiscal innecesaria. Si bien algunas regiones y empresas se han consolidado, amplias zonas del país —especialmente en la Amazonía y las zonas altoandinas— siguen excluidas. Eliminar los incentivos en este momento cerraría oportunidades precisamente donde más se requieren.
También se dice que estas exoneraciones perjudican a la agricultura familiar. No obstante, este sector ya cuenta con amplias exoneraciones: no paga Impuesto a la Renta ni IGV en sus productos principales y recibe cerca del 60% del gasto total de la función agraria en el presupuesto público, lo que representa en promedio 5,000 millones de soles anuales en riego, asistencia técnica y compras públicas, entre otros apoyos.
Otro argumento que debe revisarse es el que se basa únicamente en el tamaño de las empresas. Muchas de las llamadas “grandes empresas” han sido clave en el desarrollo de cadenas productivas, la generación de empleo formal y la integración de pequeños productores al mercado. Evaluar el régimen únicamente desde la dimensión de los beneficiarios, sin considerar su impacto territorial y económico, puede llevar a decisiones que castiguen la eficiencia. Las barreras para un agro competitivo se encuentran, en gran medida aún, en las regiones que recién empiezan a incorporarse al sistema de incentivos.
Preocupa, además, la difusión de argumentos que vinculan esta reforma con una supuesta afectación de derechos laborales, cuando el proyecto no modifica el régimen vigente ni recorta derechos adquiridos. Afirmar lo contrario genera desinformación e instrumentaliza preocupaciones legítimas con fines ajenos al espíritu de la norma. Del mismo modo, la disposición que orienta a Sunafil a priorizar zonas con alta informalidad no limita sus facultades. La entidad mantiene plena capacidad para fiscalizar a grandes empleadores. Esta priorización, bien aplicada, permite optimizar recursos donde hay mayor vulneración de derechos, sin excluir el control en sectores formales.
Reconozco la presión creciente sobre las finanzas públicas. Es legítimo discutir medidas para fortalecer la recaudación. Pero desmontar un régimen que ha demostrado ser eficaz no es la solución. Lo razonable sería extender su lógica a otros sectores con potencial de crecimiento y formalización, para que no se perciba como un privilegio, sino como una política activa de promoción. Así se ampliaría la base tributaria mediante mayor actividad económica, como ya ocurrió en el agroexportador.
Lo que sí requiere revisión urgente es el tamaño del Estado. Reducir la burocracia, eliminar gastos duplicados y frenar la ineficiencia institucional debe ser una prioridad. Ese es el espacio donde se concentra la mayor parte de los desequilibrios fiscales, más que en los incentivos al agro.
Fuente: Perú 21
