(Agraria.pe) El sector agropecuario ha logrado un crecimiento acumulado en su producción del 41.9% en la década pasada, el cual no fue perjudicado por las restricciones que supuso la pandemia, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)
Además, indicó que, gracias a la apertura comercial, nuestro país se posiciona como uno de los principales exportadores a nivel mundial en diversos productos agropecuarios no tradicionales, al ocupar el primer puesto en cuanto a los arándanos y la quinua el año pasado.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la producción del sector agropecuario en 2020 ascendió a S/ 30.893 millones a precios constantes de 2007, con lo que se ubicó como uno de los pocos sectores cuyo desarrollo no fue interrumpido por la pandemia, al crecer un 1.4% respecto de 2019.
No obstante, ello significó un menor dinamismo al registrado en las últimas décadas, pues la tasa de crecimiento promedio anual ascendió al 4% entre 1991 y 2020, equivalente al desempeño de la economía nacional para el mismo periodo, según cifras del BCRP.
Es importante considerar también que la gran mayoría del progreso del sector se registró tras las reformas de los años 90, pues antes de ello se registraba un menor dinamismo en el crecimiento, con una tasa promedio anual para el sector de apenas un 1.8% entre 1960 y 1990.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en 2020, la mayoría del valor bruto de la producción (es decir, la suma del valor de bienes intermedios y finales) generado en el sector se concentró en Lima, que contribuyó con S/ 7.017 millones a precios constantes de 2007, un 18.5% de los S/ 37.935 millones generados a nivel nacional. A continuación, se ubicaron los departamentos de La Libertad (S/ 5.166 millones; 13.6%), Ica (S/ 3.092 millones; 13.6%) y Puno (S/ 2.803 millones; 7.4%).
En términos de la situación laboral del sector, según el Midagri, existen alrededor de 2.2 millones de unidades agropecuarias en el país, de las cuales el 97% corresponde a la agricultura familiar. Estas últimas explican la gran mayoría del empleo en el sector, pues concentran al 83% de los trabajadores a nivel nacional. En particular, el pequeño tamaño de las unidades productoras por los bajos niveles de asociatividad y la falta de capital suficiente explican el rezago en la productividad del sector y las limitaciones que enfrenta para acceder a la formalidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el año pasado se registraron 4.703.391 trabajadores en el sector agropecuario, es decir, este generó un 31.6% del total de puestos de trabajo registrados en 2020. No obstante, la gran mayoría de ellos, un total de 4.504.543 casos, pertenecieron al sector informal, con una tasa de informalidad laboral del 96.5%, la cual superó en más de 20 puntos porcentuales al promedio nacional, que se situó en un 75.3%.
Además, el sector también se caracteriza por una baja productividad laboral, tanto es así que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lo consideraba como el menos productivo en 2019. Esta situación influye negativamente en los salarios promedio del sector, sobre todo en el informal, donde el año pasado ascendió a apenas S/ 573, cifra por debajo de la del sector informal a nivel nacional, mientras que el formal alcanzó S/ 1.608, también por debajo del promedio nacional en los formales.
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Importantes carencias que la política pública debe cubrir
No obstante, Comex Perú indicó que el progreso y la solidez productiva de este sector no han sido suficientes para revertir sus carencias. Actualmente, la gran mayoría de los empleos generados a través de la actividad agropecuaria, los cuales explican una proporción considerable del total a nivel nacional, corresponden al sector informal, mientras que el desarrollo futuro se encuentra limitado por demoras en la ejecución de grandes proyectos de inversión que proveerían recursos hídricos y mayores tierras fértiles.
Lamentablemente, la gestión pública tampoco aborda ello adecuadamente, como se aprecia en la modificación de la Ley de Promoción Agraria, la cual suponía facilidades en materia de contratación, respetando todos los derechos de Ley, así como menores gravámenes para facilitar la transición al sector formal, y que contaba con suficiente evidencia de su beneficio en el campo.
Otras pruebas de ello se aprecian en el rechazo a la innovación agraria, pues, al margen de la prohibición del uso de transgénicos, existe una baja difusión de semillas certificadas para los agricultores y la paralización de los proyectos de inversión más importantes del sector lleva varios años.
Si bien el sector agropecuario acumula un desarrollo considerable, el diagnóstico evidencia que existen diversas carencias todavía pendientes por abordar, como su bajo nivel de productividad, que limita la generación de empleos adecuados y la formalidad del sector.
Por otro lado, la creciente presencia internacional y los motivos de intención de siembra evidencian que existe una fuerte y estable demanda para estos productos, por lo cual será necesario corregir las limitantes adicionales, como el acceso al crédito y la adquisición de mayor capital productivo.
De esta manera, el incremento en el uso de semillas certificadas; la mayor titulación, que genere seguridad jurídica a inversionistas; el destrabe y la promoción de inversiones en irrigación y conectividad; la mayor asistencia técnica y el acceso a productos de seguros y créditos acordes con la realidad de los productores, son algunas medidas enfocadas a expandir la frontera de las posibilidades de la producción agrícola nacional.
