(Agraria.pe) Uno de los próximos grandes debates que abarcará al sector agrícola peruano (y alimentario en general) será el de permitir o no el ingreso de transgénicos (OVM – organismos vivos modificados), acción que se encuentra en moratoria en virtud de la Ley Nº 29811, la cual dispuso diez años de plazo que están por cumplirse en 2021.
¿Qué pasará a partir de entonces? Una primera acción llamativa ha sido la publicación el 27 de mayo pasado del “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA) – RM 0123 del Ministerio de Agricultura y Riego a instancias del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). El documento buscó recabar comentarios de las empresas públicas, privadas y la sociedad civil sobre su aplicación durante 30 días hábiles.
La Resolución 0123 observa que el artículo 3 de Ley Nº 29811 excluye de su aplicación (la moratoria) a los OVM destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación, los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios que se rigen por los tratados internacionales de los cuales el país es parte; y los OVM o sus productos derivados importados para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento.
¿Significa esto un avance hacia la apertura del país a los OVM?
Diversas asociaciones y personalidades lo consideran así: “Frente a la publicación del proyecto normativo denominado ‘Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA)’ con RM 0123-2020-MINAGRI, emitida el 27 de mayo del 2020, las organizaciones y personas de la Sociedad Civil firmantes se ven en la obligación de expresar su rotundo rechazo ante la promulgación de este proyecto”.
El manifiesto reúne las firmas de las asociaciones Allin Mikuy Ayllu (Comunidad AMA), Alsakuy Agroecológica, Asociación ANDES, Asociación de Comunidades del Parque de la Papa, Asociación Cultural Pachamama, Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), CASA Perú, Consorcio por la Salud Ambiente y Desarrollo (ECOSAD), Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Fundación Swift, OFOAM Organics International, Nature SAC, Nutriedúcate Perú, Red de Acción de Agricultura Alternativa (RAAA), Red de Agricultura Ecológica del Perú, Red de BioMercados del Perú, Red de Guardianes de Semillas de Perú, Slow Food en Perú, Sumak Kawsay y TierrActiva, así como diversas personalidades.
Aspectos que llaman la atención
Los manifestantes señalan que es sospechoso que la resolución se haya publicado en medio de la pendemia de Covid-19, pues sería “un intento de tomar ventaja sobre la coyuntura para introducir organismos vivos modificados (OVM), también llamados cultivos transgénicos, con solo un reglamento y su aprobación expeditiva”.
En esa línea, consideran que se está creando un sistema regulatorio que permita la liberación comercial de OVM al ambiente en el Perú, sin atenerse al marco legal vigente (Ley 29811), lo que también colisionaría con la voluntad de 16 regiones que se han declarado libres de transgénicos.
Un escenario así supondría una grave amenaza a la biodiversidad peruana, sostienen, ya que diversos recursos biológicos se contaminarían, afectando a campesinos y comunidades indígenas que dependen de ellos para su sobrevivencia. Esta característica es la que ha permitido a muchas familias prosperar por el crecimiento en agroexportaciones, así como en gastronomía y turismo que resaltan la riqueza de la biodiversidad para su desarrollo.
Finalmente, estiman que se está articulando un “sistema regulatorio fallido y sumamente peligroso” que pretende autorizar el ingreso de OVM y reglamentar su uso agrícola con una Resolución Ministerial, lo que significaría un conflicto de intereses dentro del INIA.
“Reiteramos nuestro total rechazo al Proyecto RISBA que promueve un modelo económico que solo benefiaciaría los intereses de compañías multinacionales y exhortamos al Gobierno del Perú a respetar los procesos de diálogo para lograr consensos que beneficien a todos los peruanos y que proteja nuestra biodiversidad como herencia de un país megadiverso”, conluyen.
Agraria.pe solicitó una entrevista con representantes del INIA sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
