(Agraria.pe) En marzo último el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, presentó una cartera de 22 proyectos de irrigación de usos para uso agrícola que el Gobierno impulsará, con el objetivo de invertir alrededor de US$ 24.061 millones del presupuesto nacional.
De concretarse, esas iniciativas permitirán ampliar la frontera agrícola en más de 1 millón de hectáreas (has) y mejorar el riego de otras 278.000 has.
La última semana, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, reveló que el Gobierno está priorizando un total de 15 proyectos de irrigación (del total de 22 proyectos anunciados por Arista).
Detalló que el primer listado, a ser lanzado en las próximas semanas, se centrará en 15 proyectos de riego con estudios de preinversión o factibilidad avanzados, sea de Gobierno a Gobierno (G2G), asociaciones público privadas (APP) o mediante Obras por Impuestos (OxI).
Adelantó que la previsión del Gobierno es que ese listado inicial se lance en las próximas semanas, y que el Midagri continúe convocando a las siguientes, recordando que ya en algunos casos se han iniciado procesos de habilitación, como los proyectos de riego Chavimochic, Alto Piura, Chinecas y Majes.
Nueva ley agraria
El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, consideró que para atraer inversiones en esos nuevos proyectos, el Gobierno debe también avanzar en la aprobación de una nueva Ley de Promoción Agraria.
“Se tiene que reducir del 29.5% actual, la tasa del impuesto a la renta (IR) a 15%, como lo tenía el régimen agrario anterior, que venció a fines del 2020 y fue sustituido por la Ley de Promoción Agraria aprobada por el Congreso en ese año”, apuntó.
Indicó que la propuesta de la nueva ley debe contemplar también incentivos a la inversión para fomentar empleo e impulsar la competitividad del agro peruano, considerando que el Perú desde el 2020 ya no tiene una ley de promoción agraria (en sentido estricto).
Falta de inversión
Esa falta de inversión, según indicó, se ha reflejado por ejemplo en la disminución del empleo en la actividad agrícola, y por otro lado, en que los envíos de productos de exportación el último año se han mantenido iguales que el 2023.
Un factor que particularmente ha afectado a esa actividad, mencionó, fue que la aplicación del Bono Beta (una iniciativa agraria vigente desde el 2020) ya no se aplique en el sector agrícola, y solo en el sector forestal, por decisiones del Gobierno de Donald Trump, y obviada por el de Estados Unidos bajo Joe Biden, que redujo el 35% de nuestra exportación.
Bono BETA
El presidente de la AGAP consideró que sería una buena opción que se hiciera realidad nuevamente, lo que incluso el titular del Midagri dijo recientemente a los empresarios del sector: que se colocaría el 50% del Bono Beta, con un bono para el empleador, y otro para los futuros empleados o aprendices que se están adentrando a la actividad agrícola.
No obstante, dijo que también urge una nueva ley agraria, con incentivos para las nuevas inversiones y mejoras al interior del Gobierno, y que se empodere el Midagri con verdaderas capacidades desde el Poder Ejecutivo, “pues sigue siendo una de las carteras más debilitadas del Gobierno, con alta rotación de ministros y escaso presupuesto”, alertó el gremio en una presentación reciente.
Fuente: Gestión
