(Agraria.pe) El tema de la posible entrada de transgénicos al país sigue generando ya no solo opiniones sino reacciones concretas desde el arco político. Esta vez se trata del Frepap, que presentó el 13 de junio el Proyecto de Ley 5756, que Prorroga la vigencia de la Ley 2988 de Moratoria al Ingreso y Producción de OVM en el territorio nacional por un plazo adicional de diez años.
Como se recuerda, la Ley 2988, promulgada en 2011 por el entonces presidente Ollanta Humala, impedía por un plazo de 10 años el ingreso y producción en territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. La norma vencería el próximo año.
Por ello, la propuesta del Frepap, a iniciativa de la congresista María Cristina Retamozo, busca “garantizar un sistema de producción alimentario sostenible”, lo que implica “respetar la naturaleza, evitando la degradación y la alteración del equilibrio biológico que le corresponde”.
Semillas y Marca Perú
El documento apunta especialmente a las semillas transgénicas, las cuales, afirma, configuran un escenario de control monopólico corporativo de estos insumos e incrementa el uso de agrotóxicos. “El marco legal impulsado por las compañías del agronegocio obliga al pago de regalías cada vez que se guardan semillas y prohíbe el intercambio de variedades registradas entre agricultores (Aranda 2020)”, argumenta.
En esa línea, desarrolla también que existen numerosos ejemplos en países vecinos donde al cabo de los años con el uso de OVM se ha reducido el rendimiento en los cultivos e incrementado el uso de herbicidas, a lo que se suma el peligro de contaminación en campos que no usen estos productos.
“Los promotores de la ingeniería genética han realizado esfuerzos para atenuar las preocupaciones crecientes acerca de los riesgos a la salud y el medio ambiente. Sin embargo, las evidencias de investigaciones científicas independientes, sin conflicto de interés, demuestran lo contrario”, agrega la propuesta.
El Frepap señala asimismo que el ingreso de OVM al país dañaría la estrategia de Marca Perú que nos identifica como un país libre de transgénicos y con producción orgánica, lo que es fundamento de nuestra historia y gastronomía. A este escenario se suma que diversas regiones se han declarado “Libres de transgénicos”, incluso antes de la moratoria como Cusco, Ayacucho, San Martín, Huánuco, Junín, Puno y hasta la propia Lima, entre otras.
Fallas de estructura
Otro aspecto que el documento analiza es que en la actualidad existen dos laboratorios en el país en el país para la contención e investigación de OVM según la regulación vigente (Certificaciones del Perú SA-CERPER y Biotecnología de Alimentos SAC -BioAl). Otra institución que está en camino de acreditarse ante el INACAL es BioLinks SA. En tanto, el INIA ha contratado a una consultora para implementar la normal ISO 17025 y acreditarse igualmente ante INACAL.
A pesar de estos avances, se estima que la detección de OVM no resulta un mercado atractivo para los laboratorios privados y que la inversión para mantener una acreditación de este tipo es más alta que los ingresos que se puedan generar. De hecho, se refiere que CERPER ha dado de baja la acreditación de métodos de ensayo para detección de OVM en peces ornamentales, y BioAl dejó de acreditar todos sus métodos de ensayo para OVM a partir de febrero de este año.
“Ante el riesgo de que el país se quede sin laboratorios acreditados para la detección de OVM debido a temas comerciales -refiere el Minam en su informe- se hace necesario potenciar los laboratorios públicos, como el INIA, que está próximo a solicitar su acreditación, como otros que cuentan con experiencia en estos análisis, por ejemplo, los laboratorios de DIGESA o de SANIPES”, pide la agrupación política.
Tampoco se han implementado el Programa de Biotecnología y Desarrollo Competitivo (PBDC) ni el Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Modernas Relativas a la Bioseguridad (PFCCB), lo que podría afectar el cumplimiento de la Ley de Moratoria.
Añaden que con excepción del Minam y el INIA, se carece de personal para cubrir aspectos de bioseguridad y tampoco hay una política nacional de conservación y uso sostenible del patrimonio genético nacional o un centro de investigación al respecto.
Por todo esto, la extensión de la moratoria se establecería desde el 09 de diciembre de 2021 próximo (cuando vence la que se encuentra vigente) hasta el 9 de diciembre de 2031.
