Así lo indicó el gerente de la Junta Nacional del Café (JNC), Lorenzo Castillo Castillo, quien dijo que actualmente existen en nuestro país 345.000 hectáreas de cafés, es decir 80 mil hectáreas menos (casi 20% menos) de las 425 mil hectáreas registradas según el IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro), realizado en 2012, colocándolo como el cultivo con mayor área en nuestro país.
Señaló que hay cafetales viejos que producen poco, además ha habido migración de cafetales que han sido sustituidos por cacao, cítricos, papaya, así como cultivos ilícitos, debido a la baja rentabilidad del café que se registró desde 2017 a 2020. “Hemos estimado que, de las 425 hectáreas registradas en 2012, al menos 80 mil hectáreas han sido abandonas y/o sustituidas”.
En cuanto al número de las familias dedicadas al cultivo de café, destacó que según el IV Cenagro existían 230 mil familias dedicadas a este cultivo, sin embargo con esta menor área instalads, las familias dedicadas a café actualmente solo alcanzarían las 180 mil.
“La economía del pequeño productor con precios bajos y altos costos no es sostenible por lo que tienen que desarrollar otras actividades compensatorias, ir a trabajar a otras localidades, a otras actividades, diversificar su canasta de ingresos, por lo cual ya no pueden dedicarle mucho tiempo a su cultivo principal”, manifestó Castillo.
Caficultura en abandono por parte del Estado
El gerente de la JNC resaltó el abandono a la caficultura por parte del Estado, a través de una suma de elementos adversos que afectan la producción y la sostenibilidad de la caficultura en el largo plazo.
Al respecto, dijo que no se logró implementar el “Plan Nacional de Acción del Café Peruano”, iniciativa del Ministerio de Agricultura y Riego, el Consejo Nacional del Café (CNC) y un conjunto de actores que buscaba transformar el sector cafetalero para garantizar su crecimiento, sostenibilidad ambiental y el bienestar de las familias.
Señaló que el plan buscaba promover la producción sostenible del café generando un cambio duradero en toda la cadena de suministro, desde los pequeños agricultores, sus organizaciones hasta las grandes corporaciones; vinculando los esfuerzos vigentes del sector con el trabajo y nuevas acciones del gobierno (a nivel local, regional y nacional), la cooperación internacional, la sociedad civil y la empresa privada.
“El Plan Nacional de Acción del Café Peruano se debió constituir en el instrumento de gestión que guíe las acciones de la caficultura en el país. Se trataba de un documento estratégico para el accionar público y privado en el sector café y en otros sectores vinculantes, que establecería los ejes prioritarios y metas hasta el 2030, señalando acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo; sin embargo, no se hizo ninguna inversión”, sostuvo.
A ello se sumó la desactivación del Consejo Nacional del Café desde el 2014, el cual estaba encargado de proponer medidas para el desarrollo de la caficultura nacional, constituyéndose en un espacio de diálogo y coordinación entre las instituciones y entidades involucradas en la cadena de valor del café. “Esta carencia de institucionalidad afecta la concertación del desarrollo de la caficultura en el Perú”.
Lorenzo Castillo indicó que todas las iniciativas que hay actualmente son aisladas y provienen de las organizaciones de productos, y de algunas agencias de cooperación internacional, que apoyan puntualmente algunas actividades.
Agregó que incluso el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) abandonó el apoyo a la certificación de técnicos para soporte a los productores, y trasladó la certificación de competencia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que no tiene el know how de lo que ya se había trabajado durante más de 10 años.
“Esta medida afecta la capacitación y la actualización de técnicos que dan soporte a los productores, porque el Estado no tiene servicio de extensión agraria, los cuales están abandonados hace más de 40 años. Las cooperativas venían implementando mecanismos de extensión para lo cual también acreditaban mediante una evaluación técnica las competencias más adecuadas para las buenas prácticas agrícolas”, sostuvo.
El gerente de la Junta Nacional del Café hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la pronta reglamentación de la “Ley de Perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias” (Ley N° 31335), que está paralizada por 18 meses.
Recordó que el Congreso de la República, debatió y aprobó dicha ley en julio de 2021, y luego fue promulgada por el entonces presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, el 10 de agosto del 2021. “Está a punto de cumplirse un año y medio de la promulgación de la ley, y en noviembre del 2021 se venció el plazo de su reglamentación”.
Para Lorenzo Castillo esta injustificada demora evidencia, una vez más, la discriminación de entidades públicas, en este caso por parte de la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Se pretende anular el principio de acto de representación de la cooperativa para con sus socios, en las operaciones y servicios que les brinda, con enfoque de economía de escala, factor clave para acceder al mercado, y brindar servicios productivos y sociales a sus asociados, tal como se aplican en las cooperativas de los países desarrollados. Esta forma de trabajo, para lo cual se organizan los pequeños agricultores, no anula la obligación tributaria de cada socio, en razón a sus ingresos. Al contrario, facilita su implementación y formalización de los mismos”, finalizó.
