Miguel Ordinola
Secretario Ejecutivo-Alianza de Aprendizaje Perú
Docente de Post Grado de la Pontificia Universidad Católica del Perú

En la reciente VI Semana de la Inclusión Social (organizada por el MIDIS), que se llevó a cabo bajo el lema “Voces que se escuchan y compromisos que se respetan”, se mencionaron algunas cifras interesantes que se deben alcanzar en el 2021: pobreza monetaria (de 20.7 a 15%), pobreza extrema (de 3.8 a 1.5%), pobreza rural (43 a 37.9%), DCI en niños menores de 5 años (13 a 6%), anemia en niños menores de 3 años (43 a 19%).

Ante estos retos, se tiene que precisar que la reducción de estas brechas sociales requiere de procesos que vinculen a las políticas públicas relacionadas a la protección social con la inclusión económica en los circuitos productivos y el acceso a servicios básicos fundamentales con mayor alcance y calidad para las poblaciones vulnerables.

En países como Perú, esta situación toma mayor relevancia ya que es un caso exitoso de reducción de las brechas sociales en los últimos años (ver reciente informe de la Fundación Gates, 2017) y los nuevos retos de los entornos actuales obligan a explorar intervenciones para el denominado “núcleo duro” de pobreza donde los indicadores de pobreza extrema, desnutrición crónica y anemia, todavía son importantes. Si bien el sistema alimentario nacional se ha ampliado y profundizado, la desnutrición continúa siendo un problema generalizado, lo que indica que muchos peruanos aún carecen de los recursos y/o conocimientos necesarios para garantizarles dietas adecuadas y saludables.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que los programas de protección social han tenido éxito en la reducción del hambre y la pobreza. La protección social permite que los hogares aumenten y diversifiquen su consumo de alimentos, a menudo incrementando la producción propia. Los efectos positivos sobre el bienestar de la infancia y de las madres se amplían cuando los programas tienen en cuenta los aspectos de género o van dirigidos a las mujeres. Esto es especialmente importante porque la malnutrición materna e infantil perpetúa la pobreza de una generación a otra.

A pesar de su eficacia probada, la protección social por sí sola no puede sacar a las poblaciones del hambre y la pobreza de manera sostenible. Sin embargo, vincular la agricultura con la protección social puede crear círculos muy positivos para los territorios como los de la sierra del Perú. El crecimiento económico, en particular en la agricultura, es fundamental para reducir las tasas de hambre y pobreza y en este sentido, la inversión en agricultura sigue siendo el camino más efectivo para facilitar oportunidades de crear ingresos y mejorar la nutrición. Un crecimiento liderado por la agricultura es bueno para los pobres, ya que si el crecimiento agrícola se desacelera se perderán importantes medios de reducción de la pobreza.

La experiencia de IssAndes, un proyecto implementado por el Centro Internacional de la Papa (CIP), es un ejemplo de cómo articular la agricultura a estos procesos. Se intervino principalmente a nivel de los sistemas de producción, para aumentar la disponibilidad de alimentos, y en la generación de ingresos que faciliten el acceso a estos. De manera complementaria a la mayor disponibilidad y calidad de alimentos, hay que asegurarse que estos sean consumidos en forma adecuada, trabajando en la educación nutricional de la madre, actor clave en el proceso. Básicamente se trabajaron cuatro componentes: i) Papa, nutrición y salud: Identificación y potenciación de contenidos de macro y micronutrientes, antioxidantes, componentes funcionales aprovechando la biodiversidad de papa ii) Sistemas de producción basados en papa: innovaciones en el marco de sistemas agrícolas: semilla de calidad, selección de variedades, cambio climático, manejo integrado del cultivo y manejo de crianzas menores, tanto para la alimentación de la familia como para la articulación al mercado; iii) Educación nutricional: mejoras en prácticas de alimentación, diversificación de alimentos, conocimiento nutricional; iv) Incidencia pública y de políticas: promover políticas nacionales y locales para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutrición.

Este tipo de enfoque permite obtener resultados articulados a las dimensiones de seguridad alimentaria: (1) Disponibilidad: variedades de papas nativas y mejoradas con mayor volumen de producción y mejor calidad nutricional con contenidos más elevados de hierro y zinc; métodos de producción de semilla de calidad (2) Acceso: mejoras de ingresos por la calidad de la producción (valorización de la biodiversidad) y acceso a mercados diferenciados; (3) Uso: dietas diversificadas que incluyen variedades de papa con mayor contenido de zinc y hierro y enfoque de educación nutricional dirigido a niños, niñas y madres; (4) Estabilidad: productores diversifican su producción y consumo con diversos productos agropecuarios, estrategias de control adecuado de plagas (polilla) y enfermedades (Rancha) que evolucionan con el cambio climático; (5) Institucionalidad: espacios públicos comprometidos con inversión pública a nivel territorial y a nivel nacional y con medidas de apoyo que toman como referencia el enfoque de agricultura y nutrición.

Mediciones experimentales y un seguimiento y evaluación cuidadosos de estos programas son importantes para lograr su escalamiento y contribuir a cumplir los objetivos propuestos para el 2021 en cuanto a las brechas sociales, que se mencionan al inicio del artículo, ya que la relación entre protección social, inclusión económica y agricultura es clave y muy viable para zonas como la sierra peruana. Relacionado con esto se debe indicar que el más reciente informe del Banco Mundial sobre la agricultura peruana (Octubre, 2017) indica que “La cadena de valor de la papa nativa es tal vez el caso más representativo del país de una cadena de valor exitosa e inclusiva (a favor de los pobres) desarrollada para mercados internos”. Las oportunidades están allí, sólo hay que aprovecharlas.