El 16 de mayo cumpliremos dos meses de la inmovilización social impuesta por el gobierno para buscar aminorar los efectos de contagio del COVID 2019. Esta cuarentena representa un gran reto para nuestro país que tiene más del 70% de su economía informal; es decir, la mayoría de los peruanos no tiene un vínculo laboral que le pueda dar protección social frente a la crisis: retiro parcial de CTS, retiro parcial de AFP, trabajar desde casa o recibir el sueldo por política de una empresa que se resista a hacer despidos.
Las familias, que no reciben ingresos, están consumiendo sus ahorros y/o endeudándose informalmente para poder subsistir. Los bonos que brinda el gobierno (#mequedoencasa, #independiente, #universal) que se pensaba, serían de S/ 380 soles por familia para cada dos semanas de cuarentena, solo llegarán hasta S/ 760 para cerca de siete millones de familias; la mayor parte, del monto total a entregar, aún sigue en proceso de desembolso. El Estado carece de una base de datos completa de las familias del Perú y su condición socioeconómica; mientras tanto, un segmento cada vez mayor de la población rompe la cuarentena para agenciarse de algún ingreso, poniendo en riesgo la estrategia de control y las metas sanitarias.
Los bonos que brinda el Estado, y que parcialmente ayudan a subsistir a las familias, son un financiamiento no reembolsable. Para las empresas existe un programa de financiamiento que sí es reembolsable (Reactiva Perú y FAE MYPE) y que llegará al sector formal de la economía.
Según el último padrón electoral, el Perú tiene 24.7 millones de electores, de ellos 23.8 millones viven en el Perú. Según la última Encuesta de Demanda de Servicios Financieros (SBS 2016) solo el 41% de los peruanos tiene una cuenta bancaria.
Por un lado, tenemos un gran sector informal de la economía que requiere liquidez, y al otro lado tenemos un Estado que no tiene mucho margen para entregar más recursos no reembolsables. En este escenario, una alternativa es pensar en una especie de financiamiento reembolsable de unos S/ 1,000 soles por persona, que pueda entregarse inmediatamente a todo peruano que lo solicite.
El financiamiento se empezaría a pagar después de los 18 meses (periodo de gracia) sin intereses y a razón de 100 soles mensuales. Para que la operatividad sea inmediata, se debe evitar la evaluación del riesgo crediticio, para lo cual es posible constituir un Fondo mediante Decreto de Urgencia que transfiera los recursos a los bancos (el banco solo cobraría una pequeña comisión por desembolso). La naturaleza del financiamiento sería extra bancario; es decir, no requerirá filtro del solicitante por parte de los bancos; sin embargo, el no pago del mismo sí podrá ser reportado a centrales de riesgo y además se les impediría, en adelante, hacer trámites con el Estado.
El desembolso del préstamo sería completamente virtual, similar al empleado en el Bono Independiente, donde con el registro previo en la página web respectiva, se genera un código que llega al teléfono celular del solicitante, quien lo puede retirar en cualquier cajero automático de los bancos.
No podrán acceder a este financiamiento, los peruanos que estén percibiendo un sueldo actualmente del sector público o privado; ni los pensionistas; ni los beneficiarios de Juntos o Pensión 65; tampoco los ciudadanos privados de su libertad.
Estimamos que cerca de 10 millones de personas accederían a este mecanismo, significando un presupuesto estatal de S/ 10 mil millones. Existirá casos donde dos, tres o cuatro miembros de una familia soliciten este financiamiento; ello en la práctica se constituye en capital de trabajo para los emprendimientos pequeños. Tan necesarios para reiniciar la reactivación económica de los micro y pequeños negocios.
Lo importante de esta propuesta es que permitirá inyectar liquidez a la economía de forma inmediata, aportando a la recuperación económica del país y por encima de todo, levantando la moral de un pueblo que percibe que los bonos no llegan y son insuficientes. Pensar en el riesgo moral del pago o no pago de este financiamiento, es un asunto menos importante.
Econ. Juan Escobar Guardia
Ing. Angel Manero Campos
