Recientemente se han publicado los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Un dato que llama la atención es la baja cobertura de la asistencia técnica y capacitación a nivel de los productores agrarios. Según información trabajada por la empresa Planeamiento & Gestión S.A.C, en el 2014, 15,9 % de los productores recibió capacitación y el 9,2 % asistencia técnica; en el 2024, estas cifras descendieron al 6,5 % y 3,1 %, respectivamente. La información debe ser más dramáticas a nivel de los pequeños agricultores.

Esta situación nos hace preguntarnos si existe un mecanismo de provisión (vía el mercado) de servicios de asistencia técnica (sobre todo para los pequeños productores) que sea la base para un desarrollo competitivo de este segmento de la agricultura peruana.

El sector agrario peruano se caracteriza por una gran variedad de ecosistemas, que, según opinión de algunos expertos, han limitado las oportunidades de una producción agropecuaria de gran escala. Sin embargo, esas mismas características ecológicas brindan la oportunidad de especializar a estas zonas productivas en una amplia diversidad de cultivos y crianzas. Esta característica proporciona una ventaja competitiva al país como oferente de una canasta diferenciada y a contra estación para diversos mercados.

En este contexto, uno de los aspectos claves a fortalecer son los servicios a la producción, a los agronegocios y especialmente a la innovación. Un análisis más detallado de los problemas que limitan el desarrollo del mercado de este tipo servicios, nos muestra elementos tanto por el lado de la demanda y como por el lado oferta.

Por el lado de la demanda, se pueden mencionar los siguientes: i) limitada capacidad de pago por servicios de una gran parte de los pequeños productores; ii) escasa asociatividad de estos mismos productores para alcanzar economías de escala (la ENA indica que para el 2024 sólo el 7.5% pertenece a alguna forma de organización); iii) tradición de provisión gratuita por parte del sector público y de la cooperación internacional, que genera un rechazo al pago por los servicios bajo formas de provisión privada; iv) falta de valoración de los servicios de innovación para la mejora de la competitividad; y, v) escasa información sobre aspectos básicos de la provisión de los servicios y sus ventajas.

Si vemos el lado de la oferta, se encuentra: i) escasos proveedores privados, especialmente en la Sierra y Selva; ii) poca experiencia de estos proveedores para atender a pequeños productores rurales; iii) dificultades de los proveedores para acceder a conocimientos e información técnica que les permita mantener una oferta de calidad; iv) ausencia de vocación privada en la provisión de servicios; y, v) prácticas “asistencialistas” en la provisión de los servicios.

La extrema fragmentación de la propiedad, los mercados imperfectos o inexistentes para bienes agrarios y servicios a la producción, imponen elevados costos de transacción a la agricultura y los agronegocios. El Estado ha tenido un débil papel en promover y regular estos mercados.

En los últimos 25 años se han realizado esfuerzos desde el sector público para afrontar esta situación. Por ejemplo, el Proyecto INCAGRO (Innovación y Competitividad para el Agro Peruano) que funcionó entre el 2001-2009, se planteó entre sus objetivos el desarrollo de estos mercados (se tuvieron éxitos en el corto plazo, pero lamentablemente no pudo concluir su última fase de consolidación). Varios años después se implementó el PNIA (Programa Nacional de Innovación Agraria) entre el 2014 y 2020, que en uno de sus componentes se orientó a “promover un adecuado desarrollo del mercado de bienes y servicios tecnológicos” (no llegando a consolidar los avances logrados). En la actualidad está iniciando operaciones el Proyecto “Mejoramiento de la red de servicios de innovación, transferencia tecnológica y extensión agraria en seis estaciones experimentales agrarias del INIA” con un período de duración 2025-2028 y que se plantea como uno de sus objetivos “mejorar la cobertura de los servicios de extensión agraria enfocados principalmente en la Agricultura Familiar (AF).”. Todos estos proyectos han contado con cofinanciamiento del Banco Mundial, BID y gobierno peruano.

Para que estas intervenciones funcionen y se consoliden hay que tener en cuenta diversos aspectos, entre los cuáles se pueden mencionar: i) Hacer más explícita la integración del conocimiento a los procesos de innovación tecnológica (por ejemplo, con tecnologías digitales); ii) Trabajar en función al mercado del producto final (planes de negocios concretos); iii) Orientarse por la demanda organizada de los usuarios (una demanda diversificada debe ser atendida por una oferta de servicios también diversificada, especializada y funcional); iv) Reconversión empresarial de los proveedores (oferentes) de servicios (la institucionalidad prestadora de servicios a la innovación agraria es débil y en su mayor parte ha sido organizada para actuar como intermediaria de donaciones y no como proveedores eficientes y rentables en términos de un mercado de servicios); v) Convocar nuevos actores, especialmente proveedores empresariales (participación privada); vi) Alianzas estratégicas lideradas por productores organizados clientes de los servicios y las entidades públicas y privadas proveedoras de servicios; vii) Fomentar la disposición y capacidad de los productores a pagar por servicios de innovación (valorizar estos servicios); viii) Estrategias diferenciadas de cofinanciamiento según el desarrollo del mercado de servicios; ix) Adecuar instrumentos en función a la heterogeneidad de los usuarios (los servicios de innovación son demandas derivadas de los mercados de productos y servicios agrarios finales y, por tanto, deben poder atender a agentes con diversos tipos y grados de articulación a los mercados); x) Promover arreglos institucionales basados en un enfoque de competencias regionales que garanticen la orientación a la demanda y la reducción competitiva de los costos de los servicios.

La inversión pública (y diversos proyectos de la cooperación internacional) para el fomento de un mercado de servicios en la agricultura ha estado presente en los últimos años, pero se debe transitar hacia una reorientación que se base en un enfoque empresarial. Se necesita un cambio de paradigma, con una mirada que se oriente a desarrollar agronegocios exitosos como resultado de la innovación a través de una oferta de servicios de calidad de cobertura amplia y valorada por el usuario final.