El actual gobierno ha solicitado al Congreso facultades legislativas para implementar un conjunto de reformas en el sector agrario. Las propuestas abarcan desde la sanidad agroalimentaria y la extensión agraria, hasta la formalización de predios rurales, el acceso al financiamiento y la resiliencia climática. Sobre el papel, se trata de un paquete ambicioso que busca modernizar el agro peruano y cerrar brechas históricas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de su diseño normativo, la capacidad institucional y la articulación con los actores locales.

Sanidad agraria e inocuidad alimentaria

La propuesta de optimizar marcos normativos en sanidad e inocuidad agroalimentaria apunta a fortalecer la trazabilidad y la respuesta frente a plagas y enfermedades. La articulación del sistema agrosanitario bajo una sola rectoría evita duplicidades y mejora la coordinación. Hay que tomar en cuenta que, sin recursos suficientes para vigilancia y fiscalización, la norma corre el riesgo de convertirse en letra muerta. La efectividad dependerá de la capacidad presupuestal y técnica del SENASA y de la articulación con gobiernos regionales.

Conservación de tierras y diversificación productiva

El énfasis en la recuperación de suelos y la promoción de la agricultura sostenible es pertinente en un país altamente vulnerable a la degradación ambiental. La diversificación productiva y la extensión agraria pueden reducir la dependencia de monocultivos y mejorar la seguridad alimentaria. La realidad indica que la extensión agraria en el Perú ha sido históricamente débil. Sin un modelo descentralizado y participativo, el riesgo es que los servicios no lleguen a los pequeños productores, perpetuando la brecha entre agroexportación moderna y agricultura familiar.

Recursos forestales y fauna silvestre

La modificación del régimen forestal y el fortalecimiento del SERFOR buscan enfrentar la deforestación y promover plantaciones forestales. La simplificación de títulos habilitantes puede reducir la informalidad en el aprovechamiento forestal. La experiencia a la fecha indica que la lucha contra la deforestación requiere más que normas: necesita presencia estatal efectiva en territorios amazónicos, donde la ilegalidad y la corrupción han debilitado la gobernanza forestal.

Asociatividad y cooperativas agrarias

La eliminación de plazos de inscripción y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa son medidas que buscan dinamizar la asociatividad. Esta es clave para mejorar acceso a mercados y financiamiento. La experiencia muestra que muchas cooperativas fracasan por falta de gestión empresarial. Sin acompañamiento técnico y financiero sostenido, la norma puede generar cooperativas “de papel”.

Financiamiento y seguros agrarios

La creación del certificado de cosecha electrónico y la modernización de títulos valores son innovaciones que buscan ampliar el acceso al crédito. La digitalización puede reducir costos de transacción y mejorar la transparencia.  Hay que indicar que el acceso real al crédito depende de la inclusión financiera. Muchos pequeños productores carecen de historial crediticio o garantías, lo que limita el impacto de estas medidas. Además, los seguros paramétricos requieren sistemas de información climática robustos, aún incipientes en el país.

Acceso a mercados y compras estatales

La optimización de las compras estatales de alimentos de la agricultura familiar es una medida que puede tener potencial redistributivo. Puede garantizar demanda para pequeños productores y mejorar ingresos rurales. La experiencia con programas de compras públicas muestra problemas de logística, corrupción y falta de transparencia. Sin un sistema eficiente de acopio y distribución, el impacto puede ser limitado.

Empoderamiento de la mujer rural

El fortalecimiento de capacidades productivas y comerciales de mujeres rurales es una medida necesaria para la equidad. Promueve autonomía económica y resiliencia comunitaria. El riesgo es que se convierta en un programa asistencialista sin sostenibilidad. Se requiere acompañamiento técnico y acceso real a mercados, no solo subvenciones temporales.

Formalización de predios rurales

La modificación de la Ley de saneamiento físico-legal busca optimizar la titulación de tierras. La seguridad jurídica es condición básica para acceder a crédito y programas estatales. La experiencia muestra que los procesos de titulación enfrentan superposiciones, corrupción y falta de interoperabilidad entre catastros. Sin un sistema digital y transparente, la formalización puede perpetuar conflictos.

Adaptación climática y resiliencia

La inclusión de seguros y compensaciones frente a eventos adversos es crucial en un país expuesto a El Niño y sequías. Reduce vulnerabilidad de productores y protege activos productivos. La efectividad depende de la capacidad de financiamiento del Estado y de la cobertura real de los seguros. Históricamente, los programas han tenido baja penetración.

Innovación y transferencia tecnológica

Este es un tema que se incluye con mayor amplitud en el pedido presentado al Congreso. Se plantea la reforma del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y el fortalecimiento del INIA con el objetivo de cerrar brechas tecnológicas. La articulación con agendas regionales puede descentralizar la innovación. Sin embargo, el INIA ha enfrentado limitaciones de presupuesto y gestión. Sin financiamiento sostenido y alianzas con universidades y sector privado, la innovación puede quedar en el papel.

De manera global, el paquete de medidas refleja una visión amplia del agro peruano, abordando sanidad, financiamiento, mercados, innovación y equidad. Sin embargo, su efectividad depende de tres factores críticos: i) Capacidad institucional: las entidades rectoras (MIDAGRI, SENASA, SERFOR, INIA, entre otros) requieren fortalecimiento presupuestal y técnico y una visión conjunta; ii) Articulación territorial: las medidas deben adaptarse a la diversidad regional y a la dualidad entre agroexportación moderna y agricultura familiar; iii) Transparencia y gobernanza: sin mecanismos de rendición de cuentas y participación de productores, las reformas pueden ser capturadas por élites o burocracias.

Las facultades legislativas solicitadas por el actual gobierno representan un esfuerzo para modernizar el agro peruano. Sin embargo, el riesgo es que se conviertan en un catálogo de buenas intenciones si no se acompañan de recursos, institucionalidad sólida y articulada y la participación efectiva de los productores. La efectividad de estas medidas no se jugará en el Congreso, sino en la capacidad del Estado de implementarlas en territorios rurales fragmentados y desiguales. Uno de los retos es articular las diversas intervenciones que se vienen dando en el sector agrario que actualmente operan desconectadas entre sí y en varios casos con objetivos contradictorios que no apuntan a una visión común y sostenible. Asimismo, como se articulará con la reorganización del MIDAGRI (Decreto Supremo N.°008-2026-MIDAGRI) y en medio de los potenciales efectos negativos del fenómeno de El Niño. En suma, el paquete legislativo podría ser un punto de inflexión para el agro peruano, pero solo si se traduce en políticas diferenciadas que reconozcan la heterogeneidad del sector y prioricen a la agricultura familiar como eje de desarrollo sostenible.