Por: Alfonso Bustamante Canny, ex presidente de Confiep
(Agraria.pe) La aprobación de la nueva Ley de Promoción Agraria es una decisión trascendental que, pese a la presión de sus detractores, priorizó compensar -aunque sea parcialmente- las distorsiones regulatorias que afectan en lo laboral al sector que más ha contribuido al desarrollo social del país. Y lo hace sin menoscabar los derechos de los trabajadores.
Dicha ley alcanza a todas las empresas del sector agrícola y pecuario del país, y busca que con una menor tasa impositiva y con incentivos para la asociatividad, la pequeña agricultura pueda integrarse en las cadenas productivas.
Por su parte, la agroexportación ha permitido que más de un millón de peruanos superen la pobreza, y, sin embargo, a partir de 2021, el Gobierno dictaminó crear la Bonificación Especial para el Trabajador Agrario (BETA), la cual obliga a pagar un bono de 30% adicional sobre la remuneración mínima legal. Un tratamiento discriminatorio frente a otros sectores económicos que atenta contra la continuidad laboral de cientos de miles de trabajadores.
Los opositores cuestionan el trato fiscal diferenciado y han difundido estimaciones exageradas sobre el costo fiscal de la norma y, sin embargo, no plantean soluciones a la carga discriminatoria impuesta sobre el trabajo formal al agro, cuyo efecto puede acabar con la gran mayoría de empresas, por lo que no importará si la tasa es 15%, 30% o 50%, puesto que sin empresa, no hay empleo, ni recaudación fiscal.
En el Perú hay 8 millones de hectáreas productivas, de las cuales solo el 3% -unas 240,000 ha- se destinan a la agroexportación, mientras que más del 90% de los campos son explotados por la agricultura familiar de subsistencia. Ese 3% transformó la vida de más de un millón de familias, cuyo ingreso promedio mensual pasó de S/300 a S/1,845, con posibilidad de duplicar y hasta triplicar ese ingreso a través de bonificaciones por productividad, además de contar con seguro de salud y participación de utilidades. Esta es la gran revolución silenciosa del agro.
Los derechos laborales son intocables. La verdadera tarea pendiente entre empresa y Estado es elevar la productividad laboral, ampliar la cobertura de salud que financia el empleador y buscar un mecanismo para cofinanciar el BETA y recuperar la competitividad del sector.
Fuente: Perú 21
