En teoría, las políticas agrarias se deben orientar a promover el desarrollo agrícola sostenible, competitivo, democrático e inclusivo que beneficie a los diferentes actores, con énfasis en la pequeña agricultura. Revisando sólo los últimos diez años, se encuentra que en el Perú se han planteado diversos documentos de política agraria que han cambiado rápidamente y no han facilitado un entorno estable y sostenido para el desarrollo competitivo de la agricultura (sobre todo en la sierra).
En el 2012, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM), se planteaba el siguiente objetivo: “Elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo”, asociado a cuatro objetivos específicos: i) Mejorar la institucionalidad agraria pública y privada, con énfasis en la articulación de los tres niveles de gobierno y la asociatividad de los productores; ii) Elevar el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria en el marco de un desarrollo competitivo; iii) Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para el poblador rural, en concordancia con un desarrollo agrario inclusivo; iv) Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo, bosque y su diversidad biológica, en armonía con el medio ambiente.
El 2014 (Resolución Ministerial No. 0709-2014-MINAGRI), se oficializan los Lineamientos de Política Agraria, “que se orienta a lograr el incremento sostenido de los ingresos y los medios de vida de los productores agropecuarios” en base a: i) Lograr la gestión eficiente y sostenible de los recursos agua, suelo y bosques; ii) Garantizar la seguridad y la estabilidad jurídica en el acceso a los recursos agrarios por parte de comunidades y agricultores; iii) Incrementar la infraestructura y la tecnificación del riego; iv) Expandir mercados complementarios de crédito, seguros y servicios agropecuarios; v) Fortalecer y extender la capacidad de investigación e innovación agraria; vi) Mejorar las capacidades productivas y empresariales de los agricultores y las agricultoras; vii) Lograr la plena articulación a mercados y cadenas de valor de los agricultores nacionales.
Posteriormente (2016), se plantea la Política Nacional Agraria (Decreto Supremo No. 002-2016-MINAGRI) que “se orienta a lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional”. Como objetivos específicos se indican: i) Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados con énfasis en el pequeño productor agrario; ii) Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.
En el 2019 se aprueba un documento denominado Plan Estratégico Institucional. En uno de sus capítulos, se presenta la Declaración Política Institucional, la cual establece los retos prioritarios a ser alcanzados por Ministerio de Agricultura y Riego durante el período 2019-2022, así como los principales lineamientos de políticas que lo orientarán. Se plantean los siguientes objetivos prioritarios: i) incrementar la producción y productividad agropecuaria haciendo uso eficiente de los recursos; ii) fortalecer la asociatividad entre los actores del sistema productivo agrario; iii) mejorar el acceso competitivo y sostenible de los productores agrarios a los mercados nacional e internacional; iv) fortalecer la articulación y gestión descentralizada en el sector agrario.
Durante el 2021 (Julio), se plantea la Política Nacional Agraria 2021-2030 (Decreto Supremo No. 017-2021-MIDAGRI), que “se orienta a mejorar el desarrollo competitivo agrario mejorando en un 36%, la integración vertical a la cadena de valor de los productores agrarios, reducción de la proporción de productores agrarios familiar en el nivel de subsistencia y mejora del manejo de los recursos naturales para la producción agraria sostenible”.
En el mismo 2021 (Octubre), se anuncian un conjunto de medidas a las cuáles se denomina “Segunda Reforma Agraria, como un proceso de cambios que coloca a la agricultura familiar, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en el centro de las políticas públicas sectoriales y multisectoriales” y se plantea: i) Creación del Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural; ii) Ajustes a la franja de precios e inicio de estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes; iii) Programa de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar; iv) Protección y cuidado del agua; v) Promover más asociatividad y cooperativismo entre los productores. Se indica que se creará el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural, para trabajar la agenda y políticas de mediano y largo plazo en dichos sectores.
Como puede verse, los objetivos planteados son diversos y han ido cambiando de acuerdo a cada plan. No se han realizado evaluaciones de lo propuesto por los diferentes documentos, pero resulta claro que por el poco período de vigencia y la desarticulación entre sí, no han podido alcanzar estos objetivos. Si a eso le agregamos el hecho que en los últimos 10 años han ejercido funciones 15 Ministros, la continuidad de lo planteado no ha sido factible y sostenible en el tiempo.
Esta inestabilidad de las “políticas” nos indica que es necesario plantearse de manera sería la urgencia de contar con un marco de largo plazo que no dependa de los vaivenes de las autoridades en funciones (donde cada administración formula su política), sino de una demanda real y participativa de los diferentes actores sector.
