(Agraria.pe) Con 35 votos a favor, 35 en contra y 15 en abstención, el Congreso de la República aprobó ayer en primera votación la nueva Ley Agraria (que recoge los Proyectos de ley 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924) denominada por sus críticos como “Ley Chlimper 2.0”, una propuesta que otorga beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras. El proyecto aprobado será sometido a segunda votación transcurridos siete días calendario.
Al cierre de esta edición, la parlamentaria Ruth Luque presentó una reconsideración de la votación que dio luz verde a esta nueva Ley Agraria. Vale mencionar que la última versión del texto sustitutorio fue subido a la página web del Congreso ayer a las 5:41 p.m., es decir, en pleno debate parlamentario.
Según el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esa ley podría tener un impacto fiscal de más de S/1.880 millones cada año y, aproximadamente, S/20.000 millones solo entre 2025 y 2035, lo que ha generado una fuerte controversia entre sectores políticos, gremios laborales y especialistas económicos.
El predictamen de la Comisión Agraria plantea restablecer una serie de beneficios tributarios para el sector agroexportador, entre los que se incluyen una reducción del Impuesto a la Renta (IR) del 29.5% al 15%, créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Además, se propone un régimen tributario especial para pequeñas empresas agrarias con ingresos anuales menores o iguales a 140 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es la eliminación del límite de 10 años para estas exenciones fiscales, lo que convertiría estos beneficios en permanentes.
El impacto de esta propuesta no se limita al ámbito fiscal. Según el especialista Eduardo Zegarra, de Grade, la ley también debilitaría la capacidad de fiscalización laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), priorizando la supervisión en “zonas informales”.
Esto, según Zegarra, afectaría aún más las condiciones laborales en un sector donde predominan el autoempleo y los trabajadores familiares no remunerados, segmentos que concentran altos niveles de pobreza.
Fuente: Infobae
