Al asignar a Dicapi la responsabilidad de dar permiso de uso de áreas acuáticas, la apertura y cierre de puertos, así como de establecer tarifas por inspección de naves por el tamaño del cliente, entre otras facultades, la norma le quitaría a la APN el 80% de sus funciones
Por: Redacción
Lima, 17 de julio 2013 (Agraria.pe) El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser, reiteró su pedido de fortalecer institucionalmente a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), evitando los reiterados cambios que viene sufriendo su presidencia.
“Sobre este punto, quisiera aclarar que no somos intransigentes. Conversamos con las autoridades y ambos hemos expuesto nuestra posición. En ese ínterin, nuestro interlocutor en la APN, fue cambiado dos veces en menos de un año, dándonos una idea del nivel de estabilidad en la que se halla el sector y el peligro que representa para la modernización de nuestros puertos y accesos con el exterior”, declaró.
Asimismo, Gleiser indicó que “al asignar a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) la responsabilidad de dar permiso de uso de áreas acuáticas, de apertura y cierre de puertos, así como de establecer tarifas por inspección de naves, no por el costo del servicio, sino por el tamaño del cliente, entre otras facultades, la norma le quita a la APN el 80% de sus funciones”.
Refirió que “la norma contraviene así la Ley del Sistema Portuario Nacional, que fue el resultado de un largo y arduo trabajo consensuado con todos los actores comprometidos en la gestión portuaria comercial, tanto del sector privado campo público”.
De acuerdo a Gleiser, bajo esta ley se creó la APN, que desde hace diez años “demuestra ser eficiente para operar, prestar servicios y atraer inversiones. Esto hizo posible modernizar los principales puertos, optimizar la logística y los servicios portuarios, así como promover el desarrollo del comercio exterior, mejorando la competitividad del país”.
Por último, indicó que “el Decreto Legislativo 1147 otorga a la Marina de Guerra del Perú, la promoción de la inversión privada en infraestructura de puertos. Esto obligaría a que los concesionarios tengan que pedir autorización a Dicapi para realizar obras civiles en los puertos, lo que además de transgredir la Ley del Sistema Portuario Nacional, es una intromisión en el tema comercial”.
